Hace más de una década, cuando las cárceles en el país comenzaron a funcionar como grandes centros de operaciones para planear estafas y extorsiones a través de teléfonos celulares de ingreso clandestino, una de las medidas que consideró el Gobierno nacional para contrarrestar este flagelo fue la adquisición de un sistema de inhibidores o bloqueadores de señales móviles, que impedían la salida de llamadas desde las cárceles y entradas de la misma señal. 

Por eso ahora, en momentos que el fenómeno de las extorsiones desde las celdas se ha tornado casi en una calamidad pública, muchos se preguntan qué pasó con ese sistema, por qué no funciona, sigue operando, o es que lo manipulan.

La situación está tan grave que ante el aumento de la extorsión, la Procuraduría General de la Nación, solicitó al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, al Inpec y al Gaula (militar y policial) reforzar el equipo técnico y humano para enfrentar con vigor esta situación, que arroja un total de 5.262 víctimas en lo que va corrido del año.

Ante este clamor el director del instituto carcelario, coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, reveló que lo que sucede es que los inhibidores son de la vieja tecnología 3G, mientras que muchos además están apagados por orden judicial.

Además precisó que “no están operando en ninguna parte del país”.

“Los inhibidores de señal de teléfonos celulares fueron una solución efectiva en su momento, cuando se emplearon para evitar que desde el interior de las prisiones se delinquiera, especialmente, en materia de extorsión”, precisó.

Sin embargo aclaró que los equipos con los que cuenta el Inpec son de tecnología 3G, y en este momento se trabaja con la señal 4G y 5G. “Reemplazar esos equipos obsoletos en este momento sería demasiado costoso, pero estamos trabajando en buscar otras soluciones”, explicó el oficial.

Insistió en que los delincuentes descubrieron los puntos ciegos de los inhibidores y lograban sacar y recibir llamadas para ejecutar acciones criminales.

No hay que dejar de lado también que el efecto de los bloqueadores dejaban sin señal a los vecinos de los centros de reclusión, pues el espectro o radio de acción se extendía hacia ellos generando un grave problema social.

Por esa razón hay muchas decisiones judiciales, especialmente de tutelas, prohibieron la utilización de estos sistemas que afectaban actividades cotidianas, laborales y de estudio.

Esa problemática la vivieron en carne propia en Barranquilla residentes en el barrio El Bosque, con el sistema implantado en la Penitenciaría que funciona en ese populoso sector del sur de la ciudad.

Por esa razón en este momento no están operando.

También se daban casos de que cuando el Inpec instalaba una antena inhibidora de señal en un pabellón de determinada cárcel, era vandalizada por los mismos internos y cuando era instalada muy cerca de la prisión, los delincuentes pagaban a compinches en el exterior para que las destruyeran.

Los daños eran permanentes y en muchos casos no se podían reparar sino instalar una nueva a muy alto costo.

En definitiva por la naturaleza de las señales de radio, es casi imposible que un bloqueador de señal se circunscriba solo a un recinto carcelario y no afecte zonas aledañas. 

Además, el bloqueo de señales para la población general acarrea múltiples problemas, inclusive de seguridad, pues no les permitiría comunicarse con servicios policiales, ambulancias o bomberos, entre otros servicios de emergencia.