El Juez Noveno Penal Municipal con control de garantías de Barranquilla legalizó en la mañana de este jueves las capturas de Andy David Barleta Lugo, Erick José Beltrán Benavidez y Vivian Patricia Gómez Rolong, quienes fueron capturados en la noche del pasado martes 2 de julio cuando se movilizaban en un vehículo marca Renault de color gris ingresando por el puente Pumarejo y que según los uniformados del Gaula hallaron en el asiento trasero del automotor  una bolsa negra que tenía un artefacto explosivo improvisado, compuesto por una barra de explosivo, un cordón detonante de color rojo, un detonador no eléctrico con una mecha de seguridad de color blanco.

Según indicó el Fiscal 71 Seccional - Coordinación Unidad Gaula de Barranquilla, Cristian Rafael Arrieta Morales, el grupo Gaula de la Policía Metropolitana de Barranquilla recibió una llamada en donde indicaba que un vehículo con las características en la que se transportaban las tres personas entraría a Barranquilla con explosivos y que pertenecería a las disidencias de las FARC.

El representante del ente acusador relató en  la audiencia de legalización de captura que las tres personas fueron capturadas allí en la entrada a Barranquilla, en el puente Pumarejo, luego que al lugar arribaran integrantes antiexplosivos de la Sijin y confirmaran que se trataba de explosivo lo que presuntamente traían en el vehículo.

La Fiscalía les imputó cargos por estos hechos, pero no aceptaron. 

“Ante los ojos de Dios ese explosivo fue colocado en el vehículo”

Vivian Patricia Gómez decidió romper su derecho a guardar silencio para relatar lo ocurrido esa noche en el puente Pumarejo tras ser interrogada por su propio abogado.

La mujer señaló que ella es fisioterapeuta y labora a domicilio con pacientes paliativos terminales  de manera independiente. Además, tiene una especialización en calidad en los servicios de salud y también se dedica a realizar asesoría para habilitar servicios de salud.

“Veníamos ese día desde la ciudad de Cúcuta, donde estuve realizando una asesoría de calidad para una empresa de servicios de salud. Por mi estado de embarazo y porque los tíquetes de avión están muy caros decidí contratar al esposo de mi hermana, Andy, para que conduciera el vehículo y Erick que me ayuda con las consignas y en el computador mientras me encargo de la asesoría”, relató la mujer durante la audiencia.

Precisó que tanto como en el viaje de ida hacia Cúcuta como de regreso a Barranquilla fueron parados en varios retenes militares y de Policía con perros antiexplosivos y en ninguno le detectaron que llevaran el explosivo en el vehículo. 

“Cuando vamos llegando al puente Pumarejo nos volvieron a parar y nos detuvimos porque es normal que en carretera los policías y militares hagan requisas, eso es normal. Allí nos hicieron mover hacia una camioneta blanca que estaba parqueada, una patrullera sí me trató bien, pero los otros policías me trataron mal que hasta tengo un moretón en uno de mis brazos a pesar de mi estado de embarazo”, relató la mujer.

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Aseguró que “había un hombre del Gaula que hablaba por el celular y decía: “este vehículo está limpio, no trae nada”. y yo misma me dí cuenta cuando traían mis cosas, porque las sacaron todas del carro y las tiraron y un policía traía una bolsa negra y la colocaron en el vehículo. Yo nunca había visto esa bolsa. Después que habían requisado el carro, de repente dicen que apareció el explosivo en la bolsa negra”.

Insistió que “ese explosivo fue colocado por un policía. Ante los ojos de Dios ese explosivo fue colocado en el vehículo”.

El abogado de la mujer y de los otros dos hombres se basó en este relato y en otros apartes para que el juez considerara la captura ilegal, teniendo en cuenta que no sabe con qué intención hicieron la llamada para hacerle el daño a Vivian y a los otros dos hombres. Además, que dijo que el Fiscal le hizo el “favorcito” a los policías para legalizar las capturas.

“No es sólo verbalizar en la audiencia, deben probarlo y colocar la denuncia”: Juez

El juez consideró que sí están aseverando que el explosivo fue colocado, que el que hizo llamada y el fiscal le está haciendo el “favorcito” a los policías para legalizar las capturas deben denunciarlo y deberán probarlo por las aseveraciones que realizó Vivían y el abogado en la audiencia.

“Están en libertad de denunciar, no pueden solo verbalizar aquí en la audiencia , sino denunciar. Los policías y el fiscal pueden coger también este audio de la audiencia para también denunciarlos por estas afirmaciones”, dijo el juez.

Así las cosas, el juez precisó que en esta etapa del proceso de legalización de captura que su decisión solo se basa en los elementos presentados por la Fiscalía y que los indiciados tienen las garantías para demostrar su inocencia en otra etapa del proceso. 

Así mismo el juez se refirió a lo que dijo el abogado que solo dos de los indiciados con su números de cédulas fueron indagados en el Ministerio de Defensa si tenían permisos para comprar explosivos, pero no estaba la de Andy.

“Vivian cuando hizo su exposición de cómo sucedieron los hechos fue clara en afirmar del por qué iban a Cúcuta y era que los contrató para acompañarla por su estado de embarazo por las asesoría que debía realizar en salud y es evidente que ninguno tenía nada que ver con explosivos, por lo que ninguno debía tener permiso porque el tercero iba a cumplir una labor especial de lo que dijo Vivian a realizar unas asesorías”, detalló el juez. 

Volvió a insistir que sobre los señalamientos sobre un posible ‘falso positivo’ en el operativo, el juez indicó que “si el policía colocó el artefacto deben probarlo. Debe haber siempre elemento material probatorio lo que se pretende hacer valer” y que deben colocar las respectivas denuncias para que en juicio se demuestre o no lo que afirmaron en esta audiencia de legalización de captura. 

Además, indica que según el material probatorio hubo buen trato a la hora de la captura, por lo que legalizó la captura.

No obstante, el abogado apeló la decisión para que un juez de conocimiento conozca el caso y revise la decisión. 

El abogado señaló que sí hubo un documento que dice que “hubo maltrato a la femenina” en las capturas y que además la sentencia de otro caso,  que trajo a ejemplo para que no legalizara la captura, era para evitar un desgaste administrativo porque a futuro habrá, a su juicio, una sentencia absolutoria. Sin embargo, el juez precisó que esa sentencia no es igual al caso que se debatió hoy en legalización de captura.

Frente a la apelación por el presunto maltrato, la Fiscalía precisó que el ingreso a urgencia de la mujer tras su captura, a la clínica La Asunción, se debió a un manchado debido a su estado de embarazo y no porque hubo una agresión de parte de los uniformados.

Se conoció también que la Fiscalía tiene en su poder que uno de los capturados, Erick José, tiene una anotación judicial como indiciado por el delito de homicidio en persona protegida del 18 de marzo del 2007 y cuyo proceso se encuentra activo en la Fiscalía 84 de la Dirección Especializada Contra las Violaciones a los Derechos Humanos, con etapa de investigación preliminar.

El despacho confirmó la legalización de captura y aceptó la apelación para que otro juez superior revise la decisión.

Fiscalía les imputó cargos 

Tras culminar la audiencia de legalización de captura, el fiscal del caso le formuló imputación de los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, los cuales ninguno de los tres aceptaron.

Así las cosas la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento quedó programada para el próximo martes 9 de julio a las 3 de la tarde. 

Alerta sobre posible plan de la disidencias en Barranquilla

Hay que recordar que el pasado 5 de junio el CTI de la Fiscalía advirtió a la Policía Metropolitana de Barranquilla sobre una alerta temprana que este año fue creado, al parecer, el Frente Urbano Martín Caballero del Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las FARC en la ciudad de Barranquilla y que tendría como cabecilla a alias ‘Aldemar Ríos’ para presuntamente ejecutar atentados terroristas con explosivos en las estaciones de Policía, del Ejército y un supuesto ‘plan pistola’ a integrantes de las fuerzas armadas en Barranquilla y Soledad. 

Según las investigaciones, el explosivo hallado en el vehículo pretendía ser usado para atentar contra la estación de Policía de la Ciudadela 20 de Julio.