Hombres armados asesinaron a la líder indígena María Bernarda Juajibioy, alcaldesa del Cabildo Camentzá Biyá, en el departamento del Putumayo, en el sur de Colombia, y a su nieta de un año, según informaron este jueves las autoridades.

"En la tarde de este miércoles asesinaron a la lideresa indígena mamá María Bernarda Juajibioy y a su nieta de un tan solo un año y 5 meses en Orito, Putumayo", denunció el senador Feliciano Valencia, una de las voces de los pueblos indígenas en el Senado colombiano.

Juajibioy y la bebé, Jazzlín Camila Luna Figueroa, fueron asesinadas cuando viajaban en motocicleta, junto a otras dos mujeres comuneras, según informó a Efe la líder social y portavoz de la Red de Derechos Humanos del Putumayo, Yury Quintero.

"Las abordan, es como si las hubieran estado esperando", explicó Quintero. La alcaldesa y la bebé resultaron gravemente heridas de bala y murieron casi en el acto, mientras que la hija de Juajibioy salió ilesa, pero la sobrina también se encuentra muy grave.

Las cuatro se dirigían de la vereda (aldea) La Esmeralda a El Placer, en el municipio de Valle del Guamuez, en esta región amazónica colombiana fronteriza con Ecuador y Perú y donde el 21 % de la población es indígena.

Posible forma de amedrentar a la población 

Juajibioy era la alcaldesa de un resguardo indígena, que forma parte de los quince pueblos nativos de esta región, y no constaba ninguna amenaza previa, según la red de derechos humanos, al menos que hubiera reportado de manera directa.

"Pero de manera indirecta hay mucha amenaza por la postura de las comunidades indígenas por el tema de los sectores armados dentro de los territorios", aseveró Quintero.

En 2018, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana para esta zona del Putumayo por la "reconfiguración" de grupos armados ilegales en torno a economías ilegales (cultivos y producción de coca, minería ilegal y contrabando).

Estos grupos "han traído consigo la imposición de órdenes violentas, amenazas, homicidios selectivos, restricciones a la movilidad, reclutamientos forzados y utilización ilícita de niños, niñas, adolescentes y jóvenes y desplazamientos forzados", según la Defensoría.

"La situación está horrible", reconoció la líder social de Putumayo. "Son zonas de alta presencia indígena, pero a la vez son zonas de alta presencia de cultivos ilícitos y de grupos armados al margen de la ley, y el paramilitarismo nunca dejó de existir".

Estos grupos desde hace unos meses han reforzado las visitas a las comunidades para dar órdenes e imponer normas, y también conseguir que las comunidades se abran a los proyectos petroleros al interior de las comunidades.

"En este caso María (Bernarda Juajibioy) representaba la cabeza de la comunidad", explicó Quintero, quien aseveró que los grupos usan este tipo de asesinatos para amedrentar a las comunidades e imponer su liderazgo a base de miedo.

Más de 300 líderes indígenas asesinados 

Este caso, se suma a los 21 asesinatos de líderes sociales que contabilizó la oficina de la ONU en Colombia hasta el 22 de febrero, que también documentó 133 homicidios en 2020.

Por su parte, el Instituto de Desarrollo de la Paz (Indepaz) contabilizó 34 líderes y defensores asesinados en 2021 y 1.148 desde la firma de acuerdos de paz, de los cuales 308 fueron indígenas y 14 ocurrieron en el Putumayo.

Indepaz también denunció hoy el asesinato de dos jóvenes de etnia awá, de 23 y 18 años, que desaparecieron el pasado 16 de febrero en zonas rurales de Tumaco (suroeste).

La guardia indígena awá recogió los cuerpos sin vida de los jóvenes el pasado 16 de febrero y se los entregó a Medicina Legal.

"Seguimos viendo como nuestro pueblo Awá es diezmado por diferentes hechos violentos, estas muertes se suman a los 35 asesinados en tiempo de pandemia y ocho desaparecidos", denunció la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) en un comunicado.

"En estas últimas tres décadas hemos insistido que la guerra que libran no es nuestra, somos un pueblo milenario que ha ocupado de manera respetuosa este territorio heredado por nuestros ancestros", alegó Unipa, en una reivindicación repetida por las organizaciones indígenas ante la violencia que se vive en algunas zonas de Colombia.

EFE