Abogados litigantes y público general protestan a esta hora en los despachos judiciales del Centro Cívico a raíz del cierre de varias dependencias donde se ejecutan las sentencias dictadas por los jueces de la República.

El origen del problema nace en que los funcionarios de estos despachos, encargados de dar trámite al pago de embargos, entrega de títulos de propiedad y otros temas asociado al derecho civil, se les terminó el contrato, pactado a termido definido, por lo que por consiguiente no pueden trabajar en los mismos.

Ante la situación, muchas personas que contaban con el pago de dineros ordenados por los jueces en sus decisiones, se quedaron con la manos vacías y con la preocupación de pasar una Navidad amarga.

Lo peor de todo es que por el momento el Consejo Superior de la Judicatura no se ha manifestado sobre si se renovarán los contrato, y de ser así, cuando se renovarán estos y se pondrán en funcionamiento nuevamente para darle curso a las decisiones de los togados.