Exigen acciones penales contra los dueños de las empresas y la restitución de las millonarias sumas pagadas por viviendas que nunca les entregaron.

Jorge Mariano Rodríguez

Con un contundente requerimiento a la Fiscalía, los afectados y que se consideran estafados exigieron que se agilicen las investigaciones y se dicten las medidas pertinentes en contra de las empresas y socios de Global Brokers Asociados S.A., Grupo Empresarial Aliados S.A.S. y Grupo Constructores Aliados S.A.S., con las cuales adquirieron derechos de vivienda, pagaron por los mismas y nunca les fueron entregadas ni mucho menos reembolsadas las millonarias sumas canceladas.

Las tres empresas tienen afinidad, por lo cual los afectados califican a sus socios como unos “aliados para delinquir, para estafar, para robarnos la plata del patrimonio familiar”.

Así lo expresaron durante un plantón realizado frente a las instalaciones de la Fiscalía en el Centro de Barranquilla, para exigir respuestas del ente investigador.

“Queremos respuestas porque desde hace varios meses estamos luchando y hasta la presente no hay fallos. Estamos en el aire, no sabemos qué va a pasar. Necesitamos que el Fiscal General de la Nación tome cartas en el asunto. El Gobierno no nos ha prestado atención, hemos tenido suficiente paciencia, entonces, ¿Qué es lo que quiere que hagamos?”, manifestó Aida Fierro.

“No podemos permitir que estos casos sucedan en el país, donde los estafadores caminan tranquilamente por las calles mientras nuestros sueños y el patrimonio familiar se ve truncado. Cómo es posible que los sinvergüenzas vivan como reyes. No más dilaciones, ya es hora que la Fiscalía se pronuncie y emita un fallo porque no saben el daño que se le ha hecho a miles de familias. Exigimos respeto y atención”, agregó.

Por su parte, Alicia Jaramillo, resultó víctima, bajo la misma modalidad, con el Grupo Empresarial Aliados. “Ellos nos manifestaron que habían comprado la cartera a diferentes bancos. En mi caso el apartamento que nos interesaba supuestamente estaba con el Banco de Colombia y nos dijeron que como el proceso de remate era bastante largo ya ellos tenían un camino adelantado y que ya habían negociado con el Banco de Colombia. Sin embargo, después nos enteramos que no estaba el remate como tal”, explicó.

El 30 de octubre del año pasado, alcanzó a pagar la cuota inicial de $47 millones, correspondiente al 30% del valor total del negocio, es decir, de $156 millones.

En ese momento le hicieron firmar una sospechosa “cláusula de confidencialidad”, en la que se advierte que el interesado “no debe hablar del negocio, no debe visitar la casa, no hacer averiguaciones en el banco ni en los despachos judiciales”.

Sin embargo, en el Banco de Colombia le informaron que todos los inmuebles los venden directamente a los interesados, nunca a través de terceros. Por eso, nuevamente se trasladó al Grupo Empresarial Aliados, donde le dijeron que regresara dos días más tarde. Cuando lo hizo, ya la oficina estaba cerrada al público. Burla total.

A su turno, Julieth Ortega también tildó de estafadores a quienes les pagó $50 millones por una casa que nunca recibió. Igual situación ocurrió con Sandra Rico, quien pagó $32 millones, le hicieron un cambio de garantía, pero tampoco recibió la vivienda ni le devolvieron el dinero.

En el caso de Yesid Carrero, vendió su casa para comprar otra en mejores condiciones, pagó $150 millones, no le entregaron la vivienda ni el dinero y ahora vive arrendado.

Los casos se extendieron a la ciudad de Cartagena. “Me vendieron un inmueble que no estaba en remate y pagué $57 millones. Ellos son unos ladrones, ladrones!”, dijo Laudi Garrido.

A José castro le exigieron el pago de $40 millones por un inmueble que no aparece registrado por ninguna parte, mientras que Gleys Osorio canceló $75 millones por una vivienda en el barrio Cevillar, sin que el inmueble estuviese en proceso de remate.

“Yo vendí mi casa para comprar otra mejor. Soy madre cabeza de hogar, con dos hijos, y ahora vivo arrimada. Yo compré una casa para mis hijos no para dársela a unos hijuemadres ladrones”, enfatizó Gleys Osorio.

En concreto, los afectados que se consideran estafados exigen acciones penales contra los directivos y funcionarios de las tres sociedades, entre quienes se encuentran: Alberto Mario Valencia Navarro, Sergio Guzmán, Carlos Cabrera, Joan Mercado, Yessica Villalba, Jenifer Cruces, Daniela Soto, Wilber Guerra, Merlin Mendoza, Jaime Jiménez, Anneth Barleta, Yovana Angulo, Eduardo Iván Vargas Gómez, Cristian Rymer Yurgaky Rey, María Mónica Montero y Lourdes María Torres Martínez.

Además, que se adopten las acciones necesarias con el fin de que las sociedades restituyan las millonarias sumas de dineros captadas entre los miles de afectados que se consideran estafados.