Afectados aseguran que la empresa ha incurrido en estafa, captación ilegal de dinero y enriquecimiento ilícito.

Jorge Mariano Rodríguez

La firma de varios contratos de gestión, con diferentes personas pero para la adquisición de derechos de crédito y/o garantía de un mismo inmueble, quedó al descubierto dentro de las transacciones realizadas por Global Brokers Asociados S.A., tras las denuncias formuladas por quienes le pagaron millonarias sumas de dinero a dicha empresa sin que hasta el momento se haya hecho efectiva la entrega de las viviendas o la devolución de los recursos.

Por esta razón los mismos afectados emprendieron las acciones penales, civiles y administrativas por las conductas que puedan desprenderse de la cadena de hechos en que ha incurrido Global Brokers Asociados.

El caso más evidente corresponde a Sergio Iván Rojas Luna, quien el 19 de noviembre de 2012 suscribió el contrato de gestión o mandato No. BQ 319, con el Gerente de Global Brokers, Eduardo Iván Vargas Gómez, con el objeto de “adquirir para si los derechos y/o garantía del inmueble ubicado en la calle 26 No. 10-26 de la ciudad de Barranquilla”.Ver Documento

El valor del negocio fue fijado en 32 millones de pesos, los cuales fueron cancelados de manera anticipada, el 16 de noviembre del mismo año,  de la siguiente forma: $8 millones mediante comprobante de ingreso BQ 0857 por concepto de “oferta de seriedad BQ-319 predio calle 26 No. 10-26” y $24 millones a través del comprobante BQ 0858, por concepto de “contrato de gestión o mandato BQ-319 predio calle 26 No. 10-26”.

Sin embargo, pese a cumplir con los pagos, Rojas Luna nunca tuvo una respuesta satisfactoria por parte de la sociedad Global Brokers, por lo cual, el 13 de mayo de este año, solicitó el desistimiento del contrato, por justa causa, exigiendo además la devolución de los $32 millones pagados.

Argumentó que “hasta la fecha han transcurrido más de 17 meses desde la suscripción del citado contrato y no he recibido informe alguno sobre las gestiones que han desarrollado en virtud del mismo, específicamente en: I) Si ya gestionaron la compra de los derechos de crédito objeto del contrato de gestión BQ-319 II) Si ya asumieron la representación jurídica para iniciar, continuar y si han impulsado el proceso hipotecario III) Si ya evaluaron los riesgos jurídicos y financieros de la transacción encargada y si determinaron la viabilidad de la oferta en pro de salvaguardar mi inversión”.

También solicitó “certifiquen si el inmueble ubicado en la calle 26 No. 10-26 de la ciudad de Barranquilla, el cual fue objeto de contrato de gestión por parte del suscrito con ustedes es objeto de otro contrato de gestión con otra persona jurídica o natural”.

En respuesta a lo anterior, el Subgerente de Global Brokers, Vedel Antonio Bonnet García, le notificó, el 23 de mayo siguiente que “el inmueble objeto de contrato no es objeto de contrato de gestión con otra persona natural o jurídica”.

Lo expresado por Bonnet García riñe con la verdad pues, el 18 de diciembre de 2013, el representante legal de Global Brokers, Cristian Rymel Yurgaky Rey, suscribió el contrato de gestión o mandato No. BQ 651, con Luis Ernesto Rodríguez Urrea, para gestionar la compra de los derechos de crédito del inmueble localizado en la calle 26 No. 10-26 en la ciudad de Barranquilla, fijándose la transacción en 32 millones de pesos, que fueron pagados en su totalidad por el interesado. Ver Documento

Es decir, se trata exactamente del mismo inmueble “negociado” 13 meses antes con Sergio Iván Rojas Luna, por el que esta persona también pagó 32 millones de pesos y que, según lo manifestado por el Subgerente de Global Brokers, Vedel Bonnet García, el 23 de mayo de este año, no era “objeto de contrato de gestión con otra persona natural o jurídica”, cuando realmente desde hacía 5 meses también había sido comprometido “con otra persona natural”.

Este último hecho sólo fue conocido por Sergio Iván Rojas Luna, luego de las denuncias formuladas por un grupo de personas contra Global Brokers y que fueron publicadas por Zona Cero y Atlántico en Noticias.

Por esta razón presentó un derecho de petición ante el representante legal de Global Brokers, el cual no fue recibido por ninguno de los funcionarios de dicha empresa, por lo cual tuvo que remitirlo por correo certificado, a través de Servientrega, el lunes de esta semana.

En ese derecho, solicita el retorno inmediato “y sin las dilaciones acostumbradas”, de los $32 millones cancelados a Global Brokers, más los intereses moratorios liquidados a la máxima tasa moratoria, calculada por el Banco de la República y certificada por la Superintendencia Financiera.

Sostiene que han transcurrido más de 2 años sin que Global Brokers haya cumplido los compromisos pactados. “Peor aún, el contrato No. BQ-319 por su naturaleza es lesivo a mis intereses y no guarda el equilibrio económico enmarcado por la normatividad vigente”, asegura Rojas Luna.

Del mismo modo le advierte a Global Brokers que a través de Zona Cero se enteró que la empresa vendió, en los mismos términos, los derechos litigiosos del inmueble localizado en la calle 26 No 10-26 a Luis Ernesto Rodríguez Urrea, el 18 de diciembre de 2013, y que la empresa faltó gravemente a la verdad cuando el 23 de mayo de este año le aseguró que “el inmueble objeto de contrato no es objeto de contrato de gestión con otra persona natural o jurídica”, considerando, además que se trató “de una información irreal y amañada con respecto a las peticiones impetradas de mi parte”.

Más grave aún resulta el hecho de que una vez enterado de esta doble transacción sobre un mismo inmueble, Rojas Luna decidió entrevistarse directamente con los habitantes del citado inmueble, “quienes suministrándome los nombres de otras personas pude constatar que Global Brokers Asociados S.A. ha realizado  este acto irregular en varias ocasiones con el mismo predio”. Es decir, no solamente se hizo con Rojas Luna y Rodríguez Urrea, sino también con otros más.

En su concepto, con estos hechos descubiertos, “Global Brokers Asociados, entre otras conductas penales, incurre en los delitos de estafa, captación ilegal de dinero y enriquecimiento ilícito”.

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