La Sala Plena de la Corte Constitucional le dio un término de 20 días al Ministerio de Vivienda y a la a la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres Naturales (UNGRD), a fin de que identifiquen las viviendas reconstruidas en San Andrés con ocasión del paso del huracán Iota, que ahora presentan rebosamiento de los pozos sépticos y filtración al ambiente de las aguas servidas.

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina) reportó que varias de las nuevas viviendas presentan filtraciones de aguas residuales.

“Esto deteriora las condiciones ambientales y de salubridad, así como la calidad de vida de los moradores de las viviendas y de los que residen en su área de influencia”, sostuvo la entidad.

La decisión de los magistrados de la Corte fue tomada con ocasión del fallo de una tutela interpuesta por este problema.

La Defensoría del Pueblo intervino en la tutela y encontró que las viviendas reconstruidas tienen pozos sépticos deficientes.

“Si no se hacen las correcciones del caso a tiempo esto puede empezar a generar enfermedades epidérmicas tanto a adultos como a niños niñas y adolescentes”, conceptuó ese ministerio público.

La Sala de Revisión de Tutelas de la Corte, integrada por los magistrados José Fernando Reyes, Natalia Ángel Cabo y Cristina Pardo, advirtió que esta problemática se debe a una falta de diálogo entre las autoridades y la comunidad raizal afectada por el huracán Iota, quienes advirtieron sobre los problemas de una inadecuada reconstrucción de los sistemas de saneamiento.

Para la Corte, el vertimiento de las aguas residuales de las viviendas al ambiente genera condiciones de vida malsanas (olores ofensivos, proliferación de enfermedades, etc.) que afectan los derechos fundamentales a la salud y vida en condiciones dignas de todos los habitantes de las islas de Providencia y Santa Catalina.

“La falta de participación de la accionante y la comunidad raizal en el proceso de reconstrucción de sus propias viviendas, ha llevado a que se cometan errores graves como el de los pozos sépticos, que hacen necesario y urgente adoptar medidas provisionales para evitar que se generalicen y profundicen este tipo de problemáticas”, dice el fallo de la Corte.

Recomienda igualmente “implementar las soluciones de saneamiento básico en todas las viviendas que falten por ser reconstruidas o reparadas, y deberán tener en cuenta las sugerencias y observaciones del pueblo raizal sobre el proceso de reconstrucción de sus viviendas”, señala el auto.

Por último, la Corte le solicitó al Ministerio de Cultura que traduzca a creole, la lengua nativa de la zona, el auto en un término no mayor de 10 días, logrando de esa forma la participación del pueblo raizal y la garantía del derecho a la igualdad.