La violencia del conflicto armado no da tregua en Colombia que comenzó el año con el confinamiento por parte de paramilitares de los habitantes de un caserío de Bojayá, en el oeste del país, y el asesinato de un exguerrillero de las FARC en el departamento del Cauca.

El defensor del pueblo del departamento del Chocó, Luis Murillo, confirmó a Efe por teléfono que los moradores del caserío de Pogue -que hace parte de Bojayá, escenario en 2002 de una de las peores matanzas del conflicto armado- están confinados en ese caserío por la presencia de hombres armados de las paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

"Fuimos informados el 31 de diciembre de la incursión de un grupo armado ilegal en ese corregimiento de Bojayá, que está a tres horas de la cabecera municipal por vía fluvial. El grupo que habría ingresado allí es el de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia", detalló Murillo.

La llegada de los hombres armados impide la libre movilización de los habitantes de Pogue, situado en una de las márgenes del río Bojayá, en el selvático departamento del Chocó, fronterizo con Panamá.

Agudización del conflicto

Para Murillo, la presencia de los grupos armados aumenta el riesgo para la población porque prohibieron el uso de teléfonos celulares, a lo que se le suma la presencia en la zona de guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) lo que hace que la gente "quede todavía más en peligro" porque está en medio de dos grupos rivales.

Uno de los hechos que aumenta la zozobra en Pogue es que los paramilitares prohibieron la comunicación por celular y la movilización entre comunidades intermedias.

Murillo recordó que ni en las épocas "más violentas del conflicto armado esta población se desplazó" y dijo que "hay una gran zozobra unida al aumento de la instalación de explosivos en el territorio colectivo y eso hace que la gente no pueda salir a realizar sus actividades de agricultura, de cacería, y va a generar tarde o temprano el desplazamiento".

Alertas tempranas

José de la Cruz Valencia, que hace parte del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá, explicó a Efe que "el tema sigue siendo bastante complicado porque continúa la materialización de lo que se viene denunciando hace unos meses por parte de la Defensoría del Pueblo y la Iglesia".

Esto porque el pasado 17 de noviembre, durante los actos de entrega a la comunidad de los restos de cerca de un centenar de víctimas de la matanza del 2 de mayo de 2002 en Bojayá, organizaciones sociales y la Diócesis de Quibdó, capital del Chocó, advirtieron al Gobierno sobre el "inminente riesgo" de que ocurra una nueva masacre en la zona.

"Se ciernen nuevamente hechos amenazantes de desplazamientos, confinamientos, masacres, torturas, desapariciones, reclutamientos", advirtieron entonces en una carta la Diócesis de Quibdó, el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, la Federación de Asociaciones de Cabildos Indígenas del Chocó y otras organizaciones.

Por eso, Valencia dijo hoy que la presencia de paramilitares es "un punto más que se ha dado en la comunidad de Pogue", de donde procedían muchas de las víctimas de la matanza cometida hace 17 años en Bojayá.

Esa masacre, una de las peores del conflicto armado colombiano, ocurrió cuando una bomba lanzada por la guerrilla de las FARC, durante un combate con paramilitares por el control territorial, cayó en la iglesia donde se había refugiado parte del pueblo y mató a por lo menos 79 personas, aunque otras cifras hablan de 119 muertos y decenas de heridos.

Chocó en rojo

La Misión de Verificación de la ONU presentó el pasado martes en Bogotá un informe sobre el estado de la implementación del acuerdo de paz en el que advierte que la presencia de grupos armados ilegales en algunas zonas de Colombia, entre ellas el Chocó, "sigue teniendo consecuencias devastadoras, como reclutamientos forzados de menores, homicidios, desplazamientos, confinamientos y ataques y amenazas contra las autoridades y los líderes étnicos".

Aseguró que "el deterioro de la situación en el Chocó es motivo de alarma" pues a comienzos de diciembre la Defensoría del Pueblo "confirmó el desplazamiento de 3.200 miembros de 17 comunidades étnicas del municipio de Alto Baudó y el confinamiento de ocho comunidades afrocolombianas e indígenas" por enfrentamientos entre grupos armados ilegales".

Ante las denuncias de la comunidad, los comandantes del Ejército colombiano, general Eduardo Zapateiro, y de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Jiménez, se trasladaron este jueves a Bojayá.

Adicionalmente, el Ejército realiza operaciones militares con 100 soldados en la zona y se espera la llegada de 50 más para enfrentar a los grupos armados.

Primer exguerrillero asesinado en 2020

Mientras tanto en Guapi, en el Cauca, el desmovilizado de las FARC Benjamín Banguera Rosales fue tiroteado y se convirtió así en el primer exguerrillero asesinado en 2020 tras un 2019 que fue "el año más violento" para los excombatientes que se acogieron al acuerdo de paz con el Gobierno.

El senador del partido FARC, Pablo Catatumbo Torres, dijo en sus redes sociales que el desmovilizado fue asesinado el 1 de enero e hizo un "un llamado para que se refuercen las medidas de protección hacia los firmantes de la paz".

En 2019 fueron asesinados 77 exguerrilleros, según el informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU divulgado el 31 de diciembre.

EFE