La Contraloría General de la República, en cumplimiento de las funciones constitucionales de ejercer la vigilancia y el control fiscal sobre los recursos del Sistema General de Regalías (SGR), vela por la correcta ejecución de los mismos y revisa con lupa la respectiva contratación y, por citar un solo ejemplo, en ejercicio de esta labor en lo que toca al OCAD Paz, puso al descubierto una cartelización de proyectos de paneles solares. 

En ese caso, en 8 de los 9 proyectos auditados con hallazgo por valor de 66.247 millones de pesos, se encontró una misma forma de operar: a través de contratos de obra, cobrando un AIU del 30% cuando en realidad los ítems del proyecto son suministros que superan el 90% del valor total del presupuesto.  

Por estas presuntas irregularidades, la Unidad de Regalías viene adelantando 9 actuaciones de responsabilidad fiscal, por el mismo valor, en los que figuran como posibles presuntos responsables los ejecutores de los proyectos, alcaldes de los municipios de Dibulla, Fonseca, San Juan del Cesar y Urumita en La Guajira, y de Pueblo Bello, La Paz, Agustín Codazzi, Becerril y Chiriguaná en el Cesar, así como los miembros del OCAD PAZ y ministerios que dan el pronunciamiento único sectorial  

Estos resultados hacen parte de una Actuación Especial de la CGR en la que identificaron 12 hallazgos fiscales por un valor total de 67.230 millones de pesos, de los cuales 9 corresponden al Sector Minas y Energía (precisamente los relacionados con la implementación de sistemas fotovoltaicos). Los otros 3 hallazgos pertenecen al Sector Transporte. 

Revisión de proyectos de inversión 

Y también en cumplimiento de las funciones asignadas a este organismo de control, en el periodo comprendido entre el 19 de marzo al 23 de diciembre del 2020, se revisaron 178 proyectos de inversión  por un valor de $2,3 billones que habían sido viabilizados en los sectores de Agricultura y Desarrollo Rural, Deporte y Recreación, Transporte, Educación, Minas y Energía, por cuanto no se encontraban ajustados a los nuevos requerimientos establecidos  en la Ley 2056 del año 2020 y su Decreto reglamentario 1821 del 2020, para su efectiva aprobación a través del OCAD Paz y posterior ejecución. Se hace referencia aquí a las sesiones No. 27 a No.48. 

Dentro de los proyectos objetos de estudio y puestos en conocimiento a través de diferentes comunicaciones dirigidas a la Secretaría Técnica del OCAD (DNP) y a la Consejería Presidencial para la Estabilización  se evidencian, entre otros, 36 proyectos con MGA (Metodología General para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública) en los cuales se tiene planes de desarrollo de gobiernos del cuatrienio anterior, y 45 proyectos con especificaciones técnicas elaboradas en años anteriores que no se ajustan a la normatividad actual, entre ellos una elaborada en 2007.  

Por medio de actuaciones especiales realizadas en diferentes municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET, la Contraloría detectó en el ejercicio del nuevo control preventivo y concomitante, que una importante cantidad de proyectos viabilizados por OCAD Paz se están aprobando sin cumplir con los requisitos necesarios, lo que a futuro podría derivarse en detrimento patrimonial.  

A partir de tal situación, desde los municipios en donde se están presentado estos problemas, a través de correos anónimos y panfletos, se presentaron quejas por supuesta “obstrucción” a las obras por parte de funcionarios de este organismo de control. 

En agosto del 2021 llegó a la Contraloría General de la República una denuncia instaurada a nombre del contratista Juan Carlos Saldarriaga, desde el correo entidadesterritorialespdet@gmail.com, con la información que se retomó esta semana como una denuncia que supuestamente involucraría a tales funcionarios. 

Como es debido, se realizó una investigación interna, la cual no arrojó ningún indicio de detrimento patrimonial, sino que al contrario encontró que el señor Saldarriaga había sido suplantado en su correo electrónico y dado esto, se desestimó a falta de pruebas.  

Sin embargo, debido a la gravedad de las acusaciones realizadas en el correo, se instauró una denuncia penal en la Fiscalía por injuria y calumnia y con el fin también de encontrar la dirección IP real de la que persona que realizó la denuncia por email antes mencionada. 

Actuaciones frente a proyectos publicados por el OCAD Paz  

Posteriormente, bajo el amparo del Control Preventivo y Concomitante y con fundamento en la Ley 2056 del año 2020 en rigor, las actuaciones de la Contraloría General de la República frente a los proyectos que la Secretaría Técnica del OCAD Paz publicaba para su votación y aprobación, han sido las siguientes: 

- Sesión 52, solicitud de revisión de seis (SIC) proyectos aprobados por el OCAD PAZ. Dirigido a Emilio Archila, Luis Alberto Rodríguez, Amparo García. Álvaro Ávila.  Se advierte sobre necesidad de revisión exhaustiva a 30 proyectos con inconsistencias documentales.  Insta a revisión minuciosa de los proyectos, 10 de los cuales fueron aprobados posteriormente en sesiones 53 y 56.

- Sesión 54, dirigido a Emilio Archila y miembros del OCAD PAZ. Se advierte sobre superación del monto de recursos (400 mil millones) para aprobación. Advierte falencias en estructuración de 42 proyectos. Insta a estos organismos a tener mayor control y exigencia.   

- Sesión 55,  proyecto con observaciones sesión 55, dirigido a Emilio Archila y miembros del OCAD PAZ. Se advierte sobre necesidad de priorizar proyectos sector transporte no alcanzan los recursos para los proyectos presentados para aprobación. Desfinanciación de 400 mil millones. Observaciones a 55 proyectos con falencia de estructuración. Se informa sobre la denuncia interpuesta por el ente de control por calumnia a funcionarios.  Se dan a conocer acciones conjuntas para evitar malas prácticas.

- Sesión 56, resolución de cuestionamientos sesión 56 OCAD Paz, dirigido a  Paula López, Directora SGR-DNP y Emilio Archila. Informa sobre el no accionar de la Secretaria Técnica frente a denuncia de Adagovis Barrios quien advierte sobre transgresión de la norma de regalías al exceder el 30% del tope para sector de infraestructura, y conmina a no sesionar hasta no dar respuesta a los cuestionamientos legales realizados al OCAD por medio de una solicitud de revocatoria directa interpuesta por la misma persona. No se advierte sobre cumplimiento o incumplimiento de requisitos de proyectos ni montos para aprobar.

Finalmente, la Contraloría General de la República respaldó a los funcionarios Juan Carlos Gualdrón y Aníbal José Quiroz en cada una de sus actuaciones y conminó respetuosamente, en el marco de la colaboración armónica entre las instituciones, a que la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación investiguen a profundidad cada una de las actuaciones realizadas por ellos, de manera que determinen si su accionar implica alguna responsabilidad en lo Penal o Disciplinario, y se llegue hasta las últimas consecuencias al respecto.