El 11 de marzo del año pasado, en un operativo simultáneo, la Policía Judicial se tomó las diferentes instalaciones de Global Brokers y empresas aliadas, con el propósito de hallar elementos probatorios y/o evidencias físicas dentro de la investigación iniciada en contra de esas sociedades por el delito de estafa.

Las diligencias de registro y allanamiento fueron el resultado de las denuncias formuladas por numerosos clientes que cancelaron millonarias sumas de dinero al conglomerado liderado por Global Brokers, sin que esta entregara efectivamente los inmuebles negociados y pagados, tal como lo denunció Zona Cero y Atlántico en Noticias, de manera oportuna.

En esa oportunidad se pudo comprobar que la empresa ofreció el mismo inmueble a varios clientes al mismo tiempo, lo que configuró un engaño para los mismos.

Fue la Fiscal Claudia López la encargada de ordenar las diligencias que, ante la espectacularidad de los operativos, calmaron los ánimos de los clientes, que se encontraban bastante caldeados ante la indiferencia de los directivos de Global Brokers y asociados para resolverles la situación.

Como producto de estas acciones fueron ocupados o incautados un grueso número de elementos, especialmente computadores con toda la información relacionada con la actividad comercial de los denunciados.

Sin embargo, transcurrido un año los clientes se encuentran peor que antes.

Inexplicablemente los hechos denunciados están cobijados bajo la más completa impunidad.

Los propios afectados aseguran que la Fiscalía tiene pleno conocimiento sobre la tipificación de diferentes delitos pero no ha resuelto nada en contra de los responsables. Advierten sobre la parálisis que ha generado el cambio de fiscales que han tenido el caso.

En este año, cuatro clientes han fallecido, otros registran críticos cuadros de salud como consecuencias de la situación que han venido padeciendo y, lo más grave, la “guerra sucia” emprendida contra quienes se atreven a enfrentar a los directivos de Global Brokers.

Concretamente, Soraya Navarro y Claudia Rodríguez han sido objeto de bullying mediante afiches colgados en diferentes sectores de Barranquilla y en los cuales se atenta contra su honra, lo cual ha afectado la moral de sus núcleos familiares, incluyendo a sus hijos menores de edad.

Además, la empresa viene utilizando el mismo sistema de “ofrecer lo que no le pertenece”, con el pretexto de resarcir a los clientes.

En esto último utiliza el mismo sistema de un año. Uno de los numerosos casos es el de Soraya Navarro, cuya familia aceptó la cesión de un inmueble sobre la base de un proceso ejecutivo con título hipotecario que cursa en el Juzgado 1º Civil de Ejecución del Circuito de Barranquilla.

Para sorpresa suya, el 11 de febrero de este año la Jueza Emilce Sofía Ortega Rodríguez decretó el levantamiento del embargo del bien hipotecado, ordenó el desglose y entrega de los títulos ejecutivos y la escritura pública pública hipotecaria a la entidad demandante (Compañía de gerenciamiento de Activos Ltda), con lo cual Global Brokers debe abstenerse de dicha transacción.

Casos como este se han venido repitiendo, razón por la cual los clientes afectados exigen acciones en contra de los responsables, entre quienes mencionan a los principales directivos de las empresas asociadas: Eduardo Iván Vargas Gómez, Cristian Rimel Yurgaki, Shantal y Kimberly Hutchinson, Janeth Vargas Gómez, José Gregorio Pérez, entre otros.

Además, denuncian que un Defensor Público viene fungiendo como abogado para la empresa.

Por estas razones, insisten en que les restituyan sus dineros y que los responsables sean castigados.