Los trabajadores del Grupo Prodeco, afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera, Petroquímica, Agrocombustibles y Energética (Sintramienergética) y los afiliados al Sindicato de la Industria del Carbón (Sintracarbón), marcharán el próximo 6 de noviembre para exigir a la multinacional carbonífera reanudar de inmediato las actividades en las minas Calenturitas y La Jagua, en el Cesar.

Este es el comunicado textial de los trabajadores:

Luis Fernando Ramírez, Presidente de Sintramienergética Seccional La Jagua de Ibirico, asegura que son más de 7.500 trabajadores los que están afectados en sus ingresos por la decisión de la multinacional filial de la Suiza Glencore de suspender la producción en las minas de carbón debido a la pandemia de la Covid-19.

La marcha saldrá desde la garita principal de la mina La Jagua. Recorrerá las principales vías de La Jagua de Ibirico, hasta la plaza principal. A la marcha están siendo convocados todas las fuerzas vivas, trabajadores, comerciantes y ciudadanos del común.

El dirigente sindical explica que desde el 23 de marzo pasado, cuando el Gobierno expidió el decreto que estableció el aislamiento obligatorio preventivo, la empresa cesó sus operaciones presionada por la comunidad de La Jagua de Ibirico, que con bloqueos le exigió adoptar las medidas necesarias para controlar la propagación del virus, teniendo en cuenta que los casos iban en aumento entre el grupo de trabajadores.

La comunidad bloqueó las vías de acceso al sector de la mina, lo que impidió el ingreso de los trabajadores. Esto llevó a la empresa a  tomar la decisión de suspender definitivamente sus actividades en el departamento del Cesar.

Posteriormente la organización sindical solicitó a la compañía la instalación de los protocolos de bioseguridad para seguir operando como lo venían haciendo las otras empresas del sector, tales como El Cerrejón y la Drummond, en La Guajira. También solicitó que la empresa reactivara las actividades, teniendo en cuenta que dentro del estado de emergencia decretado por el Gobierno se determinó que las empresas mineras podían continuar laborando siempre y cuando cumplieran con los protocolos de bioseguridad.

Aunque fueron decretadas las excepciones, la empresa decidió que algunos trabajadores quedaran en teletrabajo, incluyendo el personal de Gestión Humana, mantenimiento y de almacén (encargado de los insumos), entre otros; sin embargo, la mayoría fueron enviados a sus casas solo devengando el salario básico; es decir, tuvieron una reducción del 50% de sus ingresos, lo que afectó el poder de adquisición de los trabajadores para el cumplimiento de sus obligaciones en medio de una gran crisis económica.

En diferentes reuniones con los Alcaldes locales, con el Ministerio de Trabajo y con Congresistas, la organización sindical empezó a hacer gestiones para exigirle a la compañía su apertura; no obstante, el 3 de julio El Grupo Prodeco envía solicitud a la Agencia Nacional Minera de suspensión de actividades por cuatro años. La petición se fundamenta básicamente en que el precio del carbón se encuentra en un momento crítico a raíz de la pandemia y que, además, sus compradores en el mercado europeo no están utilizando el carbón como fuente de energía.

Ante esto, los Sindicatos Sintramienergética y Sintracarbón también hicieron una solicitud a la Agencia Nacional Minera para que los incluyeran como terceros interesados en el desarrollo de ese proceso, haciendo unas visitas técnicas a la Mina para determinar si los argumentos presentados por la multinacional son válidos o si, por el contrario, podían trabajar sin que esos argumentos afectaran a la empresa.

La Agencia Nacional Minera le respondió al Grupo Prodeco en agosto, en primera instancia, que le rechazaba la solicitud de los cuatro años. Ante esto, el 1 de septiembre la empresa presentó un recurso de reposición aduciendo que se mantiene en su posición del cese de actividades.

La respuesta en segunda instancia debe salir a más tardar en los primeros días de noviembre y nosotros como sindicato estamos expectantes frente a ese fallo.

Esta parálisis de actividades no solo está afectando a los trabajadores directos, sino a los tercerizados o contratistas tanto en Calenturitas -que es donde funciona Prodeco- como en La Jagua -que es donde funcionan Carbones de La Jagua, Consorcio Minero Unido y El Tesoro.

La mayor afectación se ve reflejada en sus ingresos salariales y, por ende, en la posibilidad de sostener a sus familias. Las entidades bancarias y demás cooperativas ya están reactivando los cobros de las obligaciones relacionadas con educación, vivienda y salud, entre otros. Los tercerizados, por su parte, no están recibiendo salarios, porque los contratos fueron suspendidos.

El impacto de la suspensión de actividades también toca a la comunidad de La Jagua de Ibirico y a los que residen en el corredor minero, porque la economía gira en torno a la minería. Esto incluye los sectores de hotelería, lavandería, restaurantes, establecimientos nocturnos, transporte y el comercio informal, así como los demás negocios que han visto reducidas sus ventas.

Los entes territoriales también están golpeados económicamente porque los recursos de regalías se han visto disminuidas grandemente.

Finalmente, como Sindicatos le reiteramos al Grupo Prodeco la solicitud de reanudar las actividades mineras para evitar el descalabro económico de los trabajadores, de los habitantes de una amplia zona del Cesar y de los municipios que hacen parte del corredor minero.

También seguiremos agotando todas las instancias posibles para evitar el cierre de las minas por los cuatros años que pretende el Grupo Prodeco.