El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, realizó una advertencia a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre los impactos que tendrían, en la ejecución del megaproyecto de Restauración de ecosistemas degradados del Canal del Dique, los nuevos escenarios de exigencia de Licencia Ambiental por parte de la ANLA, de introducción de un protocolo de la Justicia Especial de Paz (JEP) para la recuperación de posibles víctimas en el Canal del Dique y de realización de consultas previas adicionales con nuevas comunidades, producto del proceso de licenciamiento ambiental y/o de solicitudes de la Dirección de Autoridad Nacional y Consulta Previa (DACP) o de autoridades judiciales.

Instó a que se resuelvan adecuadamente estos riesgos y no se conviertan en un presunto soporte para decidir una eventual terminación anticipada de este contrato de concesión.

"Aunque se trata de riesgos que fueron alertados oportunamente por la CGR y que hoy están próximos a materializarse, ello no implica que no puedan ser adecuadamente gestionados y resueltos y, mucho menos, que puedan convertirse en un presunto soporte para decidir una eventual terminación anticipada de este contrato de concesión", señaló el Contralor General.

La advertencia se la envió al presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Francisco Ospina Ramírez, y a la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad González. Durante el seguimiento que realizó la CGR a la Estructuración de este proyecto, advirtió adecuada y oportunamente a la ANI sobre estos posibles riesgos.

Sin embargo, la ANI, en ejercicio de su plena autonomía, decidió proceder con la  adjudicación de este contrato de concesión al único oferente que se presentó, aduciendo que dichos riesgos estaban contemplados en el mismo.

El Contralor Rodríguez Becerra le solicitó al presidente de la ANI y a la ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible que, respetando su plena autonomía, de forma pronta y adecuada, evalúen e implementen las acciones que consideren necesarias y suficientes para que se mitigue e impida la materialización de los riesgos que se han identificado, evitando así la afectación de los intereses públicos.

"Conciliar una eventual terminación anticipada de mutuo acuerdo de este contrato de concesión, implicaría tener que pagarle al concesionario una onerosa suma de dinero, aproximadamente $350.000 millones, por solo haber recibido a cambio algunas obras menores de mejoramiento vial, algunos dragados de mantenimiento del Canal del Dique y, posiblemente, unos Estudios y Diseños en Fase III, que incluso podrían quedar desactualizados con el paso del tiempo", manifestó.

Lo más grave para la Contraloría sería que se tuviera que realizar ese eventual pago al concesionario, sin haber recibido a cambio ni una sola restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique y de la Bahía de Cartagena, desconociendo así las grandes expectativas de las comunidades en este proyecto y el objeto mismo del contrato, que es diseñar, financiar, construir, operar y mantener un proyecto de restauración ambiental.  

"Terminar de forma anticipada y por mutuo acuerdo este contrato de concesión, implicaría cancelar el indispensable objetivo de restaurar los ecosistemas degradados del Canal del Dique y de la Bahía de Cartagena, ciudad que es un referente turístico del país y que además ha sido declarada Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad. Pero también sería privar a las comunidades vecinas al proyecto de los Departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre (aproximadamente 1,5 millones de personas), de los grandes beneficios económicos que reporta una cuantiosa inversión de aproximadamente $3,26 billones en estos territorios", señaló.

Adicionalmente y desde el punto de vista regional de los Departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre y de la ciudad de Cartagena, terminar de forma anticipada y por mutuo acuerdo este contrato de concesión, significaría dejar a las personas que habitan en estos territorios, con los graves problemas ambientales que hoy afrontan (bajo nivel de navegabilidad, inundaciones en épocas de invierno, desabastecimiento de agua en épocas de sequía, excesiva sedimentación, etc.) y sin el indiscutible beneficio económico que les generará una inversión cercana a los $3,26 billones.

Además, implicaría hacer caso omiso de que se trata de un proyecto declarado de importancia estratégica para la Nación.

*Con información de Contraloría General de la República