Definitivamente, la tan anunciada rebaja de tarifas estuvo cargada de ‘mucha energía’ pero con un resultado de poco ‘voltaje’.

La disminución equivalente entre un 4 y 8 por ciento está lejos del exagerado alza tarifaria que han venido soportando los usuarios de la Región Caribe, que alcanzan hasta el 50%.

Realmente lo que la Ministra de Minas Irene Vélez Torres celebró como triunfo, en la práctica constituye una desastrosa derrota para los usuarios de la Región.

La Ministra celebra que en desarrollo del ‘Pacto por la Justicia Tarifaria’ fuesen modificados 952 contratos, entre generadores y comercializadores, de los cuales el 54% se asocian al mercado regulado y el 46% al no regulado con el compromiso adquirido por 82 empresas.

Mientras que el Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG-, Jorge Alberto Valencia Marín, se jacta de celebrar el hecho señalando que “es el inicio de la revisión de las metodologías que buscan aliviar el bolsillo de los colombianos. Actualmente estamos reformulando el cálculo de 3 componentes para buscar mayor eficiencia”.

Sin embargo, tanto la Ministra como el Director de la CREG no mencionan, absolutamente para nada, el tema que realmente está castigando con mayor rigor a los usuarios de la Región Caribe como es el de cargarle a su facturación el reconocimiento de las pérdidas, cuando es una situación que deben resolver las empresas con claros planes de gestión operativos. 

En otros términos, la mínima reducción anunciada (ridícula por demás) no tendrá ninguna incidencia en la facturación porque los usuarios seguirán pagando las pérdidas de las empresas.

Eliminar la carga de pérdidas a los usuarios sí podría ser “el camino hacia una tarifa justa en Colombia”. Mientras esto no ocurra, indudablemente todo lo demás será puro sofisma.

Región Caribe: mitad con ‘rebaja’ y mitad sin ella

En medio de este enredo tarifario llama la atención la segmentación que se presenta en la Región Caribe, cuando la mitad de los usuarios podrían acceder a la mínima reducción y la otra no.

La razón: la empresa Air-e que presta el servicio de energía en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, anunció que se acogería a la opción del descuento, fijándolo en 5,65%.

Sin embargo el otro operador, Afinia, dijo que no se acogería porque pondría en riesgo la liquidez de la empresa.

Afinia presta el servicio en los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar y 11 municipios del sur de Magdalena, (Algarrobo, Ariguaní, Guamal, El Banco, Nueva Granada, Pijiño del Carmen, Sabanas de San Ángel, Santa Ana, Santa Barbara de Pinto, San Sebastián de Buenavista y San Zenón),

Curiosamente, Afinia es filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM), que en condición de generadora se acogió a la propuesta del Gobierno junto con otras empresas de generación como Isagen, Celsia, Urrá, ENEL, AES, Vatia y Larief.

Una posición bastante contradictoria por la cual este miércoles el Alcalde de Cartagena, William Dau, expresó un enérgico pronunciamiento en contra de Afinia. 

Insatisfacción total en la Región Caribe

Desde luego, la reducción sigue generando toda clase de reacciones.

En efecto, los líderes que conforman el Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, manifestaron su inconformidad e insatisfacción por la reducción en el valor de la tarifa entre un 4 y 8 por ciento que lograron renegociar entre las generadoras y comercializadoras “que poco impactarán en las tarifas de los usuarios del Caribe”.

"Consideramos que es importante que se deroguen las resoluciones de la CREG  que permiten el cobro de las pérdidas técnicas y no técnicas a las comercializadoras Air-e y Afinia. Si estas resoluciones no se derogan, no impactará las reducciones en las tarifas anunciadas por la Ministra en la mañana de hoy", comentó Zandra López, presidenta del Comité Intergremial.

Agregó que “desde el Comité, esperamos un verdadero Pacto de Justicia Tarifaria especial para el Caribe y para eso, convocamos a todos los Comités y Asociaciones de las Costa Caribe para unir esfuerzos para generar un gran frente de trabajo para consolidar este pacto”.

“Esperábamos más”, Senador José David Name

A su turno, el Senador José David Name Cardozo, consideró el anuncio como un primer paso “muy tibio porque esperábamos más”.

“Esperábamos más de los generadores hidráulicos y de toda la cadena que compone el precio de la energía de los hogares y la industria colombia. Creo que esta reducción que va a ser del 3% en algunos casos y en una parte de la región Caribe de un 5%, es una disminución paupérrima”, manifestó.

Dijo que el aumento de la tarifa de energía en el país, con excepción de la Región Caribe, es del 25% “y se está haciendo una reducción del 3 y 4 por ciento en esas regiones. Y en la Costa Caribe donde el aumento ha sido del 50% la reducción es del 5,3%. Valoro los esfuerzos que ha hecho la Ministra pero no es lo que esperábamos los colombianos”.

Puntualizó que “realmente es una reducción paupérrima. Esperamos por parte del Gobierno, especialmente de los generadores hidráulicos y todos los miembros de la cadena, un mayor sacrificio por los colombianos”.

El ‘jalón de orejas’ al Gobierno en medio del ‘pacto’

Pero como no todo podía ser color de rosa para los anuncios del Gobierno, en medio de la ceremonia que se realizó en Medellín, las puyas y el ‘jalón de orejas’ estuvo a cargo de la presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez.

La dirigente resaltó el compromiso de las empresas generadoras frente al propósito gubernamental y los esfuerzos de compañías como Prime Energía para ajustar sus plantas en procura de una mejora en las restricciones en la tarifa de energía.

“Se trata de medidas reales desde la generación para el beneficio de los usuarios finales para lo cual organizaron sus propuestas y firmaron acuerdos para romper una tendencia en el alza en el corto plazo y en zonas como la Costa Atlántica un alivio en la tarifa en el componente de generación, lo cual es fundamental que llegue al usuario final”, señaló en su intervención.

Enseguida señaló que las empresas están realizando inversiones por 17 billones de pesos, para los próximos dos años, en proyectos eólicos y solares.

En consecuencia, advirtió, “no sería coherente, luego de todas estas acciones concertadas, gravar con mayores impuestos a las hidroeléctricas como se propuso en un artículo en la última ponencia de la reforma tributaria, enviando mensajes desestimulantes con acciones que ponen en riesgo las inversiones significativas en energías renovables por algo más de 11 billones de pesos. Son inversiones ejecutadas por estas empresas que generan energía hidroeléctrica”.

Por ello, confió “en que se pueda corregir esta propuesta para que no sean los usuarios quienes vean reflejado este impuesto y sacrifiquemos el esfuerzo a la transición energética al que se han comprometido con el país”.

La dirigente pidió reglas claras para la inversión, dentro de la apuesta a mediano y largo plazo, “para poder continuar con la evolución que se ha tenido desde hace tres décadas y responderle positivamente al país”.

Son las mismas reglas claras que están exigiéndole los usuarios de la Región Caribe a las empresas Air-e y Afinia, al Ministerio de Minas y la CREG para modificar, sin más dilaciones ni sofismas, las resoluciones que básicamente están incidiendo en el alza tarifaria.

Especialmente para desmontar el tan cuestionado reconocimiento de pérdidas.