La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión e inhabilidad especial por el término de 10 meses al exalcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque Vásquez, por haber omitido el deber de asegurar en debida forma que las construcciones de la ciudad cumplieran las normas de urbanismo y las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

Además, en otro proceso que adelanta la Entidad, se citó a juicio disciplinario al exalcalde distrital, al exconcejal Jorge Alfonso Useche Correa y a la excontralora distrital, Nubia Fontalvo Hernández, por presuntas irregularidades presentadas en su elección como representante del órgano de control fiscal para el periodo 2016-2019.

Omisión en el control urbano

En el caso del exalcalde de Cartagena, la Entidad probó en fallo de primera instancia dos cargos relacionados con la función de vigilancia y control a las construcciones en el Distrito.

La Procuraduría lo cuestionó por no haber ejercido el control jerárquico sobre la Secretaría de Planeación, la Dirección Administrativa de Control Urbano, las alcaldías locales y las inspecciones de Policía, las cuales debían tomar medidas preventivas o correctivas sobre las situaciones irregulares de la ciudad.

Además, el órgano de control reprochó que a pesar de tener conocimiento de la problemática urbanística, Duque Vásquez causó un desorden con dos modificaciones de las competencias de vigilancia y control a las obras en menos de siete meses.

El órgano de control calificó las faltas del exmandatario distrital como graves a título de culpa gravísima.

La Procuraduría también profirió decisión sancionatoria en contra de la exsecretaria de Planeación de Cartagena, Luz Elena Paternina Mora, con suspensión e inhabilidad especial por ocho meses; al exdirector de Control Urbano, Olimpo de Jesús Vergara Vergara y a la alcaldesa de la Localidad Industrial y de La Bahía, Patricia Zapata Negrete, por cuatro meses; y al inspector de Policía de la Comuna 12, Alfonso Ramos de León, y a dos técnicos de la misma localidad, por tres meses.

El caso está relacionado con la tragedia ocurrida el 27 de abril de 2017 cuando el edificio Portal de Blas de Lezo II colapsó causando la muerte de 21 personas.

Irregularidades en elección de la contralora

En cuanto a las irregularidades sobre la elección de la contralora de Cartagena, el órgano de control formuló tres cargos al exalcalde. El primero por presuntamente haber ejercido su potestad como mandatario para finalidades diferentes a las previstas en la Constitución, la ley y el manual de funciones, toda vez que, al parecer, utilizó su facultad como primera autoridad administrativa del municipio para conseguir la elección de Nubia Fontalvo Hernández.

En el segundo cargo, la Procuraduría le reprochó la posible intermediación de su primo, José Julián Vásquez Buelvas, para influir a los miembros del Concejo Municipal con el fin de conseguir el voto mayoritario que definiera la elección de la funcionaria.

En tercer lugar, se le cuestionó porque aparentemente permitió que el mismo familiar tuviera acceso a los asuntos propios de su agenda, a proyectos de obras de la administración distrital, y ejerciera disposición, injerencia e intervención en temas de nombramientos, suscripción de contratos y órdenes de prestación de servicios, cuando estas atribuciones solo corresponden a quien ostenta calidad de alcalde distrital.

En el mismo proceso, la Procuraduría endilgó cargos al exconcejal Jorge Alfonso Useche Correa y a la excontralora distrital, Nubia Fontalvo Hernández.  

Sobre el excabildante, el órgano de control consideró que habría usado su cargo para conseguir votos en favor de la contralora y para influir en nombramientos, suscripción de contratos u órdenes de prestación de servicios, además de procesos de responsabilidad fiscal al interior de la Contraloría Distrital, prevaliéndose de haber conseguido votos de miembros del concejo para beneficiar a la candidata.

Para el caso de la excontralora, la Procuraduría reprochó que, al parecer, como nominadora y ordenadora del gasto, habría favorecido a concejales o sus allegados, en retribución de los votos que le permitieron ser elegida en las sesiones del 8 de enero y 21 de febrero de 2016, y presuntamente incumplió sus funciones sin consultar permanentemente los intereses del bien común, toda vez que orientó la realización de nombramientos, contratos y órdenes de prestación de servicios para pagar favores.

Los comportamientos de los disciplinados se atribuyeron de manera provisional a título de dolo.