Durante los últimos años, la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco) ha concentrado la atención de la opinión pública y no precisamente por su generosidad para con los artistas nacionales.

Prácticamente, Sayco se ha convertido en sinónimo de denuncias, rodeadas de escándalos de corrupción.

Son los mismos afiliados los encargados de develar toda clase de hechos irregulares que han involucrado a directivas nacionales y regionales. Desde luego, el Atlántico no ha sido la excepción.

En el caso local se ha denunciado el abierto “amarre” de beneficios a personajes que no tienen derecho a los mismos, con el claro objetivo de cautivar votos y atornillar a ciertos directivos.

Fue así como, por ejemplo, en pasadas elecciones fueron denunciados 20 “reconocimientos”, 15 “bonificaciones” y 9 “auxilios por salud”, para un total de “44 votos amarrados, disfrazados, ilegalmente”, según lo expresado por los propios afiliados.

En esa misma oportunidad también se denunció el hecho de que 50 “compositores” fueron afiliados de manera ilegal con calidad de adherentes, “todo ello por fuera de las liquidaciones aprobadas por el Consejo Directivo”. Hábilmente fueron camuflados dentro de reconocidos compositores, "para no despertar sospechas". 

Estos hechos son apenas una muestra de lo que ha venido ocurriendo en el Atlántico, donde la pugna por mantenerse en el poder ha sido la principal característica.

Lo que más llama la atención es la manera “privada” como se manejan los recursos de todos los socios, situación que no solo se presenta a nivel local sino también con las directivas nacionales.

A ciencia cierta, los afiliados desconocen la cantidad de recursos que manejan las directivas de Sayco. Lo grave del caso es que cuando requieren la información, la respuesta es la misma: la información es privada, tal como lo dijo la propia representante legal de Sayco – Acinpro, a nivel regional, Wendy Mercado, en declaraciones para Atlántico en Noticias.

Igual ocurre cuando es requerida la información sobre los montos de bonificaciones y reconocimientos entregados a determinados socios.

En los dos casos lo que los socios exigen es que se hagan públicas las cifras detalladas sobre ingresos y egresos, sobre unos dineros públicos cuyos únicos propietarios son ellos, así como fácilmente se pueden conocer los salarios de congresistas, alcaldes, gobernadores o de cualquier funcionario.

Para los socios, no cabe duda que el argumento de la privacidad en la información no es más que una excusa para ocultar situaciones irregulares que han sucedido como, por ejemplo, los $61 millones gastados por las directivas nacionales de Sayco en una parranda para festejar el cumpleaños de uno de sus miembros y que además incluyó un millonario regalito de $20 millones.

A ello se suman denuncias sobre multimillonarios préstamos a socios privilegiados y sin tener cupo para ello, mientras que a otros les niegan o le “bailan el indio” por uno de escasos $500 mil.

Todos estos hechos y otros más, han sido el pan diario de Sayco, una organización fuertemente cuestionada por el manejo alegre de sus dineros, mientras muchos artistas y compositores se encuentran en la indigencia total, abandonados por la entidad llamada a prestarles toda la atención del caso, pues sus composiciones generan recursos para ella.

El tema resurge debido a la anunciada implementación de la contribución por la difusión musical en el servicio público de transporte, que a su vez es el mismo por el que previamente pagan las emisoras.