Por José Granados Fernández
Twitter: @JoseGranadosF

La parte final de la historia de arbitrariedades e ilegalidades que en 2017 comenzó a escribirse en Sabanagrande deja el peor de los balances: un proceso administrativo perdido en última instancia y una multimillonaria demanda por $17.855 millones por pagar, con el agravante de que el municipio no tiene plata.

El pasado 31 de marzo, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en decisión unánime con ponencia del magistrado Milton Chaves García, conceptuó que la empresa Comunicaciones Celular -antigua Comcel, hoy Claro- no tiene que pagar el impuesto de industria y comercio como lo pretendieron, a través de la Resolución 004 de 2017, el ex alcalde José Romero Cahuana y el ex secretario de Hacienda Arot Caballero Gómez, quienes embargaron a la compañía por $10.579 millones y de inmediato se gastaron ese dinero sin que terminara el proceso administrativo que ahora le es adverso a la municipalidad.

Con base en peritazgo técnicos, el máximo tribunal administrativo del país, al confirmar el fallo del Tribunal Administrativo del Atlántico, sentenció que Comcel “no realizó actividades gravadas” con el impuesto de industria y comercio en Sabanagrande; que por normas legales “no le asiste el deber formal de declarar” dicho gravamen en esa jurisdicción y por eso “tampoco cabe sancionar la falta de declaración de este impuesto (…) como lo disponen los actos demandados”.

De acuerdo con dichos conceptos, Comcel no tiene en Sabanagrande instalados los conmutadores o switch (equipos muy diferentes a las antenas) que la obligarían a pagar este impuesto.

“En el dictamen pericial rendido por el ingeniero electrónico y de telecomunicaciones Fernando Vélez Varela se encuentra que el conmutador (switch) es lo que hace posible la interconexión entre los diferentes usuarios de telefonía. Igualmente, en la audiencia de pruebas, el perito aclaró que en Colombia en pocos lugares del territorio nacional se encuentran ubicados conmutadores, y el ubicado en Barranquilla tiene la capacidad de cobertura en el municipio demandado”, dice en su ponencia el magistrado Chaves García.

Además de ese concepto técnico, Comcel -o Claro- hizo referencia en su defensa al que rindió la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, la que también dijo que la compañía no es sujeto pasivo de pagar dicho impuesto en el municipio atlanticense.

Paralelo al proceso hoy adverso en el Consejo de Estado, Sabanagrande, cuyo presupuesto anual ronda los $20.000 millones, en el Juzgado 35 Administrativo de Bogotá fue presentada el año pasado una acción de cumplimiento para que el municipio incluyera en su presupuesto el pago de $17.855 millones por el embargo ilegal impuesto.

“(…) incluir dichos pasivos en el presupuesto general del presente año implicaría introducir un desequilibrio presupuestal entre los ingresos y los gastos, pues tendríamos que suprimir gastos de funcionamiento, como los servicios personales, y aun así no se conseguiría el equilibrio presupuestal”, fue la respuesta que, en medio de su preocupación administrativa y financiera, le dio al juzgado el alcalde de Sabanagrande, Gustavo De la Rosa, quien heredó las ilegalidades que el ex mandatario Romero Cahuana cometió en este caso, pese a las advertencias que le hicieron en su momento.

En junio de 2020, Emisora Atlántico y Zona Cero.com informaron lo que se venía para Sabanagrande porque en los despachos administrativos el Municipio había perdido la demanda con Comcel y hasta la Procuraduría Regional del Atlántico, a cargo de Margarita De la Hoz, había sancionado con destitución e inhabilidad de 10 años al ex alcalde José Romero y al ex secretario de Hacienda Arot Caballero por su equivocado proceder al gastarse los $10.579 millones embargados a Comcel sin que hubiese terminado el pleito administrativo, cuando lo normal era que ese dinero debió permanecer congelado en las cuentas de la compañía de telecomunicaciones a la espera de una decisión final.

Pago por un éxito ilegal

Para la Procuradora Regional, con su actuar, Romero y Caballero cometieron un acto de corrupción. A su juicio, la “finalidad corrupta (…) también se configura cuando el funcionario de manera arbitraria, caprichosa e injusta se aparta del orden jurídico sin justificación alguna; corrupción también es abuso de poder, abuso del cargo y de la autoridad”, conceptuó en la sanción a los dos disciplinados.

En medio del escenario fiscal de quiebra al que ahora se enfrenta Sabanagrande, hay que recordar que en este caso el único que salió ganando fue el abogado Orlando Álvarez, a quien el ex alcalde José Romero le pagó $3.000 millones, es decir el 30% del embargo a Comcel por el supuesto éxito en el cobro coactivo que terminó siendo ilegal.

El millonario pago a Álvarez, como lo dieron a conocer en un primer informe Emisora Atlántico y Zona Cero.com, se realizó a pesar de que en el contrato que éste tenía como asesor jurídico de la Alcaldía de Sabanagrande no existía ningún acuerdo previo o cláusula pactada para ese tipo de bonificaciones.

De los otros $7.000 millones sólo quedaron unas obras de pavimentación y en parques, nada de impacto para un Municipio que, como precio a una errada decisión, ahora no sabe cuál será su futuro administrativo y financiero porque está al borde de la bancarrota.

Sabanagrande pierde multimillonario proceso con Comcel y queda enfrentado a la quiebra by Zona Cero on Scribd