El Personero Distrital de Barranquilla, Miguel Ángel Alzate, en diálogo con Zona Cero, aseguró que el Régimen Tarifario Especial impuesto a la región Caribe en el servicio de energía eléctrica sería desmontado al finalizar este 2024.

El funcionario sostuvo que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) ha venido cumpliendo con las medidas cautelares impartidas por el Tribunal Administrativo del Atlántico luego de una acción popular impetrada por las agencias del Ministerio Público de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha, tendiente a resolver el problema de las altas tarifas de energía y a su vez garantizar la prestación de este servicio en Atlántico y el resto de la Costa.

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“Los personeros de Santa Marta, Riohacha y de Barranquilla tomamos la decisión de presentar una acción popular en el entendido que consideramos que las altas tarifas se estaban convirtiendo en una vulneración a un derecho colectivo que es el de acceso a una prestación eficiente y oportuna de los servicios públicos, al entender que se estaban constituyendo en una barrera para poder acceder al mismo”, recordó Alzate.   

Indicó que las medidas que se vienen implementando, con las medidas cautelares, lograrían una reducción en las tarifas entre un 10% y 15% adicional.  

“Creo que al final vamos a lograr tener unas tarifas balanceadas en el muy corto plazo, no debe pasar del primer trimestre del próximo año (2025), donde nosotros podamos ya percibir en nuestros recibos esa tarifa final con precios de mercado regulada a nivel país”, refirió.

Alzate explicó que el problema de las altas tarifas en esta zona del país se origina con base al Plan de Desarrollo expedido en el Gobierno del expresidente Iván Duque en el que -a través de un artículo- se facultó a la Creg constituir un régimen especial para que atendiera la crisis que se había generado con la extinta empresa Electricaribe.

“Este régimen especial lo que hizo fue entregarle prerrogativas a la nueva empresa, pero con cargo a los usuarios”, dijo.

Aseguró que otros aspectos como la Opción Tarifaria, incrementos de la tarifa dejados de cobrar en pandemia, y las condiciones del mercado eléctrico presionan esa tendencia alcista en los departamentos que atiende Air-e y Afinia.

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El Personero señaló que luego del fallo del Tribunal se comenzaron a derivar distintas medidas para contrarrestar estas altas tarifas, entre ellas unas audiencias públicas en donde la Creg, de cara a los usuarios, escuchó y analizó el impacto social y económico que estaba generando este régimen tarifario.

Manifestó que la orden judicial también estableció que la Creg, después de escuchar a la comunidad barranquillera, debía expedir un acto administrativo que iniciara el proceso para desmontar el régimen tarifario especial a los 10 días de realizarse esta audiencia que fue el pasado 21 de septiembre.

“Se expidieron los autos 354 y 355 donde, en palabras de la Creg, se inicia el procedimiento para modificar o finalizar el régimen transitorio especial”, subrayó.

Luego, en una audiencia privada con la comisión reguladora, los personeros realizaron el seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares, dando como resultado 13 medidas que -en palabras de Alzate- atacan cada uno de los componentes de la tarifa desde la generación hasta la comercialización.

“Estas medidas deben en el corto y mediano plazo desmontar definitivamente este régimen tarifario especial que cabe aclarar que hoy en día prácticamente es inaplicable todas esas prerrogativas que le entregaron a la empresa para poder iniciar operación”, expuso.

El funcionario precisó que actualmente se encuentra “desmontado” el cobro de las pérdidas adicionales que se estaban cobrando a los usuarios. Explicó que este ítem estaba sujeto al nivel de inversión que debía hacer la empresa (Air-e) y que hoy en día no supera ni el 11%. “Solamente nos cobran las pérdidas eficientes que son las mismas que le cobran a todas las empresas y usuarios del país”, agregó.

“Parte de las prerrogativas era que derivado de los informes de administración, operación y mantenimiento a la empresa se les permitió que presentaran vigencias diferenciales distintas a las que se le exigen a las demás empresas del país, eso permitía que tuvieran incrementos en la tarifa y ahora prácticamente no se está aplicando. Quedan finalmente desmontadas a inicios del próximo año”, comentó.

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Por otra parte, sostuvo que la Creg publicó para consulta una resolución que impacta el indicador por el cual se tranza el precio de la energía. El proyecto de resolución buscará una combinación entre el IPC (Índice de Precio al Consumidor) y el IPP (Índice de Precio al Productor) en un 15% y 85%, respectivamente.

Lo anterior, dijo, permitirá que este indicador se mantenga siempre en unos promedios balanceados y aceptables en el mercado y no disparados como estaban anteriormente.

El Personero Distrital manifestó que en lo que concierne a la exposición del precio de la energía en bolsa, la Creg tiene un proyecto de resolución publicado para revisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que permitirá establecer un techo y no tener esos incrementos “desmedidos”. Debe entrar en vigor antes de terminar el año 2024.

“Nosotros consideramos que con toda esta serie de medidas que está implementando la Creg, derivadas de la acción popular, en el corto plazo van a regular el tema tarifario para la región Caribe”, apuntó.

Expresó su preocupación sobre la sostenibilidad de la empresa Air-e y la correcta prestación del servicio de energía. Consideró que son tareas pendientes que deberán resolverse en el corto y mediano plazo.

Indicó que el Gobierno nacional deberá entrar con recursos para inyectar a la compañía y realizar las inversiones correspondientes en la infraestructura eléctrica.

“Falta prestar mayor atención a la sostenibilidad de la empresa, porque si bien es cierto que nos encontramos ante una empresa en una profunda crisis, no se ve un camino expedito para poder apostarle una reorganización y que esta empresa funcione de manera sostenible a largo plazo. Ya quedó probado que la sostenibilidad no se le puede trasladar a los usuarios como pasó con este régimen especial y la opción tarifaria, que trajo como consecuencia unas altas tarifas que incrementaron la cartera de la empresa llegando hasta un 70% de no pago. Además, hay que apostarle a mejorar la prestación del servicio”, argumentó.

Opción Tarifaria

El Personero también se refirió a las medidas orientadas a tratar la Opción Tarifaria. Indicó que en este punto ha habido “mucha polarización” y entró a explicar qué se definió.

Sostuvo que siempre que acordó que los saldos pendientes de pagar por la Opción Tarifaria se difirieran a 120 meses y no se contempló ni la suspensión o eliminación. Actualmente, dijo, el Gobierno nacional trabaja para asumir el costo de esta deuda solo para los estratos 1, 2 y 3.

“Hay una resolución de la Creg ya expedida y que se está esperando un visto bueno del Ministerio de Hacienda para poder sufragar los gastos”, anotó.