El proyecto de Reforma Laboral que cursa en el Congreso de la República agravará el desempleo, la informalidad y la pobreza en la Región Caribe, planteó el Comité Intergremial del Atlántico ante congresistas de la bancada del departamento.

En una sesión orientada por el abogado laboralista Charles Chapman, y con la participación de gremios y empresarios locales, el sector productivo en cabeza de su presidente Efraín Cepeda Tarud, consideró que la iniciativa “destruirá las posibilidades de generar más puestos de trabajo al atentar contra la estabilidad de las empresas por aumentar los costos laborales y hacer más rígidos los esquemas de contratación”. Coincidieron en que se ampliará la inequidad en este territorio y la brecha económica y social con el resto delpaís. Para el caso del Atlántico, ese impacto sería nefasto para la pequeña y mediana empresa que representa el 99% del tejido productivo formal, y de ellas el 91% son microempresas.

Cepeda Tarud citó los datos del DANE en el trimestre diciembre de 2022 – febrero de 2023 en las cinco de las siete capitales de la Costa, según los cuales tienen una tasa de desempleo superior a la nacional, siendo dos de ellas Riohacha con 17,9% y Valledupar con 16,8%, las de peor desempeño.

“Aquí están los indicadores más altos de informalidad laboral, que en Riohacha alcanza el 67,2%. Y que, de acuerdo con el informe más reciente del DANE, de 2021, seis de nuestros departamentos están en el grupo de los que registran mayores porcentajes de pobreza monetaria, con niveles dramáticos en La Guajira que tiene el 67,4%. Este departamento tiene una pobreza monetaria extrema del 40,4%, la mayor del país”, aseguró.

Para el vocero gremial, este panorama en nuestra región demuestra que es urgente que la Reforma Laboral logre un equilibrio entre el bienestar social y la sostenibilidad de las empresas.

Así las cosas, consideran que los debates y las decisiones en torno al proyecto deben fundamentarse en su impacto económico, especialmente en la generación de empleo y la reducción de la informalidad laboral.

Para el sector productivo del Atlántico, el Gobierno Nacional debe tener presente que la Reforma Laboral, al ser estructural, incide directamente en las reformas de Salud y Pensional teniendo en cuenta que al provocar la pérdida de empleos menos personas cotizarán en el régimen contributivo de estos dos sistemas.

Con base a lo anterior, el Comité Integremial del Atlántico propuso que la Reforma Laboral incluya un régimen diferencial que reduzca los costos laborales para la pequeña y mediana empresa y contemple la creación de un régimen de tributación especial con un sistema integrado de impuestos; una regulación preferente en materia de seguridad social; programas crediticios favorables; y preferencia en los procesos de licitación para así contribuir a la formalidad laboral.

También proponen adoptar una política de Estado para superar la brecha que existe entre la calidad y la pertinencia de la educación y la formación de los jóvenes con las demandas del mercado laboral y los requerimientos de las empresas.

A lo que agregan que deben reglamentarse el trabajo por horas para adecuarse a las realidades del mercado laboral actual, y que se mantengan los distintos esquemas de tercerización de servicios sin imponer cargas laborales a las empresas porque ello desincentiva la generación de empleo formal y afecta principalmente a la pequeña y mediana empresa.

Para los gremios del Atlántico, debe ser eliminado del proyecto de ley el artículo que permite la huelga en las empresas que prestan servicios públicos esenciales.