El Alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins, le pidió al presidente electo Gustavo Petro y al Congreso de la República que inició sesiones el 20 de julio abrir un canal de diálogo para revisar las tarifas de energía eléctrica que se están cobrando a los habitantes del Caribe colombiano.

En nombre de los alcaldes de las ciudades capitales de la región, Pumarejo presentó cinco propuestas que bajarían los costos que están asumiendo los usuarios residenciales, comerciales e industriales de esta zona.

Se trata, según dijo, de alternativas frente a la amenaza directa que representan las tarifas para la calidad de vida y la competitividad de la región.

La razón fundamental de los incrementos, que ya van en 73,7% desde junio de 2021, es que Electricaribe, la antigua prestadora del servicio, no ejecutó el plan de inversiones que debía hacer para garantizar el mantenimiento y confiabilidad de los equipos.

Al llegar Air-e y Afinia se encontraron con el deterioro de las redes eléctricas, que generaban constantes suspensiones del servicio.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas resarció el vacío, vía tarifa, lo que llevó a aumentar los recibos de la luz en todos los estratos por encima del resto del país. De esa manera los suscriptores del estrato 1 de Barranquilla, por ejemplo, están pagando 2.5 veces más que los de Bogotá.

Pumarejo presentó a las autoridades 5 propuestas:

1. Implementar un Fondo de estabilización del precio para el Caribe colombiano, que reduzca el valor de la tarifa de los usuarios y mitigue el efecto de las variables que generan alzas por encima del promedio nacional, hasta que las inversiones necesarias para mejorar la infraestructura y reducción de pérdidas hayan sido ejecutadas.

2. Eliminar el uso del Índice de Precios del Productor -IPP- como factor de actualización de los contratos de generación de energía, porque no es un indexador que refleje acertadamente hoy en día, el comportamiento de las variables y costos de la cadena del sector eléctrico. Por ejemplo: en medio de un fenómeno meteorológico como “la niña”, los embalses están llenos y el precio en bolsa de energía está muy por debajo al valor de los contratos que tienen los comercializadores; sin embargo, el efecto real en las facturas de los usuarios es un incremento constante. 

3. Establecer un esquema que permita compartir la carga financiera de la opción tarifaria de los comercializadores con las empresas de generación y transmisión, porque son actores que tienen un bajo riesgo de cartera. La integración vertical que existe en la cadena de suministro de energía en el interior del país hace que las pérdidas técnicas y no técnicas se diluyan y no tengan tanto impacto en la estabilidad financiera de los grupos empresariales del sector eléctrico. Debe existir una corresponsabilidad entre todos los actores de la cadena. 

4. Aumentar la inversión en los Proyectos de Normalización Eléctrica, especialmente cuando la región Caribe constituye la mayor proporción de subnormalidad en el servicio de energía en el país. 

 5. Apostar a la autogeneración con Fuentes No Convencionales de Energía Renovable, y extender los mecanismos financieros y tributarios para la instalación masiva de sistemas        fotovoltaicos sin almacenamiento en edificaciones oficiales, en empresas y en los hogares en los que técnicamente sea viable puede brindar reducciones superiores al 40% del costo del KWh tomado de la red. Las iniciativas de energía eólica y producción de hidrógeno deben apoyarse y destinar recursos para los programas de eficiencia energética. En Barranquilla ya empezamos pero debe y puede volverse una solución a corto plazo que genere competitividad y calidad de vida para la región.

“Si bien la región Caribe ha alcanzado importantes niveles de desarrollo y progreso, no podemos permitir que estos avances continúen a expensas de la prestación del servicio de energía y sus incrementos tarifarios, pues vamos a terminar afectando el cierre de la brecha social, económica y de competitividad que, a pesar de todo hemos logrado”, señaló el alcalde Barranquilla.

Señaló que han emprendido acciones jurídicas contra la resolución de la CREG, pero advirtió que “la solución de fondo es un acuerdo que genere equidad con el Caribe, ojalá con indicadores que reflejen apropiadamente los costos del sector y eviten disparidades regionales y sobresaltos en las tarifas como el que hoy lamentamos”.