La Procuraduría General de la Nación presentó este lunes un informe ante la Jurisdicción Especial para la Paz sobre 522 víctimas del conflicto armando que murieron en cautiverio, y demandó que frente a estos casos los antiguos miembros de las FARC -EP aporten la verdad a la que se comprometieron en el Acuerdo de Paz y en su acogimiento a la JEP.

“La verdadera reparación a las víctimas de más de cinco décadas de guerra, exige que las familias sepan la verdad de lo ocurrido tras esa práctica macabra de financiamiento a través del secuestro. Las declaraciones ante la JEP no se pueden quedar en simples relatos de casos. Estamos hablando de familias que tienen derecho a saber y a preservar la memoria. La reparación exige un esfuerzo conjunto para la recuperación de sus restos”, precisó el Procurador General, Fernando Carrillo Flórez.

Para la presentación de este informe el Ministerio Público cruzó las bases de datos sobre secuestrados del Gaula, fiscalía, País Libre, Fondo de Libertad y el desaparecido DAS.

En la audiencia de Versión Colectiva de las FARC, ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas, la Procuraduría exigió que se cumpla con los compromisos adquiridos con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y se contribuya con la reparación de los daños.

El ente de control considera fundamental que se aporte verdad detallada sobre lo que ocurrió con las víctimas que murieron estando privadas de la libertad, además de esclarecer las motivaciones que existieron para la comisión de este delito y las condiciones de tiempo, modo y lugar del secuestro de estas víctimas y las circunstancias de su muerte,.

“Es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición. Aportar verdad plena significa relatar, cuando se disponga de los elementos para ello, de manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades, para así garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición”, señala el informe.

Los municipios priorizados en el proceso de acreditación de víctimas de retenciones ilegales de las FARC-EP, caso 001, son: Medellín, Villavicencio, Florencia, Cartagena, Ibagué, Neiva, Cúcuta, Pasto, Apartadó, Cali, Valledupar, Sincelejo, Popayán y Mocoa.

El Ministerio Público espera que todos los interrogantes y vacíos que quedaron pendientes sean aclarados durante las audiencias de versión colectiva.