La Procuraduría General de la Nación pidió este lunes a la Jurisdicción Especial para la Paz revisar el concepto por el atentado perpetrado por las FARC con un “burro bomba” el 12 de marzo de 1996 en el corregimiento de Chalán, municipio de Ovejas, Sucre, porque en su momento, “no se hizo un estudio integral del caso”.

Refiriéndose a la decisión que al respecto emitió la Sala Amnistía o Indulto (SAI), el Ministerio Público consideró que no se hizo un estudio integral del caso y se dejaron de lado los demás hechos cometidos durante el ataque, tales como el cierre de vías de acceso al municipio y la retención a sus pobladores, además de los daños ocasionados a las estructuras de la alcaldía municipal, el colegio, el centro de salud y las casas aledañas.

En consecuencia, la Procuraduría pidió a la JEP recalificar el caso para expedir un concepto “más garantista para los derechos de las víctimas”.

Vale recordar que los guerrilleros de las FARC camuflaron los explosivos bajo una carga de plátanos transportada por un burro, dejo 11 policías muertos.

“El problema se subsanaría con la evaluación integral del caso de cara a la totalidad de los principios de conducción de las hostilidades”, asegura el documento de apelación.

La Procuraduría General recordó que este ataque de las FARC incluyó la toma de la estación de Policía frente de la cual detonaron a control remoto el explosivo oculto.

Para el procurador delegado ante la JEP, Jairo Acosta Aristizabal, estos ataques y afectaciones que no estudió la SAI, “evidencian la infracción del principio de humanidad y denotan que se trató de una conducta con efectos y daños colectivos al municipio de Chalán y a la población civil, y no solo a la estación de policía y a los miembros de la fuerza pública que fallecieron”.

En el documento de apelación, el Ministerio Público opina que un análisis global de los hechos permitirá que el concepto de víctima sea lo más amplio y garantista, haciendo posible que los reconocimientos y acreditaciones se den no solo a los familiares de los policías asesinados, sino a la población perjudicada por el ataque terrorista.

También pidió que el caso se estudie bajo las luces del Derecho Internacional Humanitario contemporáneo, que armoniza las convenciones de La Haya y Ginebra, lo cual permitirá analizar lo ocurrido a partir de los principios de permisión (derivados de la ventaja militar de una operación), y protección (que se desprenden de la distinción) que incluyen precaución, humanidad, proporcionalidad y necesidad militar, que no fueron previstos por la JEP.