La Procuraduría General de la Nación solicitó a la JEP llamar a cinco generales del ejército, que comandaron diferentes unidades militares adscritas a la Primera División, entre 2005 y 2008, para que entreguen o amplíen sus versiones voluntarias frente la ocurrencia de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, MIPCBC, mal llamados ‘falsos Positivos’, que se investigan dentro del macrocaso 03, subcaso Costa Caribe.

Los generales a convocar son: Óscar Enrique González Peña, para terminar la diligencia de versiones voluntarias en relación específica con su comandancia del Comando Conjunto Caribe; Justo Eliseo Peña Forero y Luis Felipe Cadena, en relación con la ocurrencia de masacres y hechos relevantes que debieron conocer cuando ejercieron la comandancia de esa misma unidad estratégica.

También entrarían el general retirado Hernán Giraldo Restrepo, para que manifieste por escrito si lo expresado en su diligencia de versión voluntaria debe entenderse como una aceptación de responsabilidad y en que modalidad lo reconoce, y Fabricio Cabrera Ortiz para terminar la diligencia de versión voluntaria que el despacho suspendió y que no había culminado al terminar el escrito de observaciones de la Procuraduría.

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La solicitud se hace con el fin de complementar, con las versiones de estos altos oficiales, el esfuerzo hecho por la JEP para esclarecer lo ocurrido en la práctica de MIPCBC, a nivel táctico y operacional, con la verdad sobre lo que se decidió o se omitió en el nivel estratégico.

En el documento de observaciones frente al caso, el procurador delegado con funciones de coordinación ante la JEP, Jairo Acosta, explica que la forma de articular las singularidades ocurridas en cada una de las unidades militares analizadas se puede lograr ascendiendo en la línea de mando.

“La estructura jerarquizada del ejército reclama establecer, de manera clara y precisa, las competencias funcionales de cada mando y las responsabilidades derivadas de las mismas, “no todos los militares ejercen actividades análogas dentro del ejército, en consecuencia, a cada mando le corresponde asumir responsabilidad dependiendo de los marcos de competencias establecidos por las normas jurídicas y la doctrina militar”, añade el delegado Acosta.

El Ministerio Público también solicitó convocar a otros oficiales que hicieron parte del Estado Mayor de la Primera División del ejército durante el período investigado para que entreguen sus versiones, así como recaudar los documentos que habrían sustentado las operaciones en cuestión.

*Con información de Procuraduría General de la Nación