La Procuraduría General de la Nación instó al Ministerio de Salud y Protección Social a realizar las aclaraciones, precisiones y complementaciones necesarias para evitar errores en la ejecución del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19. 

En comunicación enviada al Ministro Fernando Ruiz Gómez, el órgano de control realizó un total de 12 observaciones a la estrategia de vacunación planteada, en las que alerta sobre potenciales fallas en su ejecución que podrían poner en riesgo su cumplimiento, en detrimento de los derechos a la salud y a la vida de los colombianos. 

El Ministerio Público señaló que no hay claridad sobre las entidades en las que recaerá la responsabilidad de cruzar los sistemas de información, que servirán de fuente para iniciar el proceso de vacunación, así como en los tiempos establecidos para la ejecución de ese análisis. 

Indicó que no es claro si el Ministerio de Salud y Protección Social y las entidades territoriales cuentan con el recurso humano requerido para realizar la vacunación en cada una de las etapas y fases del proceso, como tampoco si los territorios cuentan con los recursos necesarios para su contratación. 

Recalcó que es necesario que la contratación del personal se realice acorde con el cumplimiento de los perfiles y las capacitaciones requeridas, incluyendo el uso de los sistemas de información.

Precisó que no se evidencia que se haya establecido la duración de las jornadas, las agendas y turnos de vacunación, ni tampoco se consigna cómo se garantizará la provisión de todos los insumos y elementos de bioseguridad para el personal que adelantará las inmunizaciones. 

Igualmente, señaló que se desconoce si ya se definió la entidad responsable de vigilar y garantizar la integridad de las vacunas en términos de su adecuado transporte en las condiciones de refrigeración necesarias para impedir su deterioro e ineficacia, así como el registro de número de dosis entregadas a cada entidad territorial, a cada IPS y el registro de dosis aplicadas por persona a cada entidad territorial e IPS, así como de las aplicadas por persona.

Tampoco se establece la ruta y logística que se requiere para vacunar a la población dispersa o a las comunidades indígenas que se encuentran en corregimientos y zonas alejadas de las áreas urbanas. El Ministerio Público señaló que en estos casos es indispensable tener claro si es viable realizar una vacunación extramural.

Adicionalmente indicó que no hay claridad sí las 25 entidades territoriales diferentes a las de centro de acopio y distribución regional ya cuentan con la microplanificación, donde incluyan el mecanismo y proceso para la recepción semanal de los biológicos y la aplicación de estos a la población priorizada previamente caracterizada.

El órgano de control advirtió sobre la necesidad de socializar la estrategia de comunicación del Plan Nacional de Vacunación con la suficiente anticipación y antes de iniciar su primera fase, en la que se den a conocer aspectos como la priorización, las etapas, la gratuidad de la vacuna y la obligación de notificar eventos adversos o alteraciones presentadas. 

Agregó que el plan no establece un cronograma de ejecución donde se incluyan los tiempos estimados de implementación por actividades, fases y etapas, y las fechas de recepción, distribución, inicio y finalización de la aplicación de las vacunas.

Finalmente, señaló que en la estrategia no se definen los planes de contingencia para las regiones que tengan dificultades de conectividad, lo que puede afectar el cargue oportuno de la información.