La Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General y la Contraloría, le colocaron la lupa al contrato que busca llevar internet a los colegios de las zonas rurales, a través de la instalación de centros digitales.

Recordemos que este contrato desató un escándalo, después de que medios nacionales revelaron que el Ministerio de las TIC le giró un anticipo de $70 mil millones al contratista Unión Temporal Centros Poblados.

Este contratista ganó una parte del contrato, pero según medios nacionales, no han instalado ningún centro digital de los miles que se acordaron y al parecer, el dinero girado habría terminado en cuentas de Estados Unidos.

La Ministra de las TIC, Karen Abudinen, frenó un segundo anticipo y anunció una investigación interna sobre la contratación, pues se detectaron tres pólizas falsas para que el contratista se quedara con su parte del contrato.

No obstante, la Procuraduría General de la Nación “actualmente se encuentra en etapa probatoria para determinar eventual apertura de investigación”.

Además, la Fiscalía designó una seccional para llevar a cabo una investigación. Han realizado varias visitas al Ministerio.

En su momento, la Ministra Abudinen presentó la respectiva denuncia ante la Fiscalía General.

La Contraloría, también por pedido de la Ministra, está diligenciando varios movimientos para detectar el paradero de los $70 mil millones.