La Procuraduría Provincial de Barranquilla abrió investigación disciplinaria en contra de los concejales de Soledad, para determinar las conductas en las que pudieron haber incurrido con la aprobación del Acuerdo que le otorgó facultades al Alcalde, Rodolfo Ucrós Rosales, para la implementación de un nuevo operador para los servicios de acueducto y alcantarillado.

La apertura de la investigación fue ordenada por el Procurador Provincial, Jorge Antonio Vásquez, con base en una queja que en tal sentido presentó el Concejal Bryan Orozco. Para adelantar las diligencias del caso fue comisionado Lenin Vizcaino Sierra, asesor adscrito a dicho despacho.

En la queja presentada el Concejal Bryan Orozco argumentó que para comprometer vigencias futuras excepcionales, para concretar la concesión por 25 años, el proyecto debería declararse de importancia estratégica y para ello se necesitaba que cumpliera cinco condiciones, de las cuales según dijo solo tiene dos: su inclusión en el Plan de Desarrollo y en el banco de proyectos.

En concepto de Bryan Orozco fueron omitidos ítems como el hecho de haber estado incluida la iniciativa en el plan de inversiones, que en el marco fiscal se encuentre incorporado el impacto en las finanzas que tiene al comprometer esa suma de dinero (aproximadamente 1.3 billones de pesos) a 25 años y por último que cuente con estudios tecnicos de ingenieria de detalle.

En su escrito al Ministerio Público también argumentó que “el proyecto no tiene estudios de ningún tipo y que la ley lo exige para este tipo de iniciativas. Esos estudios deben contener la parte clínica, técnica, económica y ambiental, porque se va a usar el rio para sustraer agua de alii en una planta de 2 mil litros por segundo y que eso no afecte el cauce y todo lo concerniente a esa cuenca hidrográfica".

En consecuencia, solicitó a la Procuraduría investigar a los funcionarios que dieron el aval “por las presuntas irregularidades cometidas, entre ellas falsedad en documento público, prevaricato por acción y otras faltas disciplinarias que a su parecer se cometieron''.

Sostuvo que para ello debió estructurarse un proyecto planificado y que garantizara la prestación del servicio de agua en el municipio.

Y recordó que “todos sabíamos que la concesión con Triple A se terminaba en 2022, que debió hacerse desde el año 2020, todo lo que hoy se quiere hacer en tres meses. Desde 2020 se debió empezar todo el proceso de terminar la concesión e iniciar la nueva apertura licitatoria. Un proyecto como estos de gran envergadura necesita todos esos estudios y lineamientos de ley".

En cuanto al porcentaje de usuarios que hoy reciben el servicio de agua y que la empresa Triple A alude que es dueña del 52%, sostiene que ese hecho no está alejado de la realidad.

“La ley establece que para la prestación de servicios públicos se permite la libre competencia y Triple A asegura que el 52% de usuarios le presta el servicio de manera directa, ¿Cómo el Concejo de Soledad pudo autorizar que se concesionaran todos los servicios públicos del municipio sobre lo cual no tenemos potestad?", recalcó.

Finalmente afirmó que este proyecto se debió planificar con tiempo para aclarar todos los puntos y acordar con Triple A la entrega, en la fecha correspondiente, de la estación de bombeo.