La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, durante la audiencia sobre “Irrupción ilegal de tierras en Bolívar”, aseveró que luego de escuchar las denuncias relacionadas con este fenómeno nacional, se recibieron las inconformidades de los asistentes, en su mayoría por “presuntos incumplimientos por parte de las autoridades de sus deberes funcionales, que pueden generar sanciones disciplinarias”.

El ente de control aseguró que en este espacio de diálogo y posterior a este, recibió más de 15 denuncias de ciudadanos, abogados y representantes gremiales, relacionadas con irregularidades en invasión, titulación, registro y ocupación ilegal de tierras en el departamento de Bolívar, especialmente en zonas como Playa Blanca, Barú, Bayunca Punta Canoa y las Islas del Rosario.  

La jefe del Ministerio Público manifestó que con este espacio en el que participaron otras entidades como la Fiscalía, la Contraloría, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Policía, entre otras, busca “impulsar soluciones y a hacer un llamado a las y los funcionarios competentes para que atiendan efectivamente los casos ya existentes de ocupaciones ilegales de tierras y eviten nuevos hechos similares” en el departamento de Bolívar.

La Procuradora aseguró que la misionalidad del ente de control es preventiva para realizar mesas de diálogo como el realizado en Cartagena, y disciplinaria, “de castigo y de sanción, para que servidores públicos no incumplan su deber funcional frente a la problemática en el país”.

Además, reiteró a los asistentes que pueden encontrar “en la Procuraduría General de la Nación una institución representante de los intereses de la sociedad y que busca el bien común, siempre apegados al ordenamiento jurídico”.

Finalmente, la Procuradora, resaltó que tras la primera audiencia realizada en noviembre de 2021 en Atlántico, en donde se recibieron 17 denuncias, permitió abrir “tres investigaciones disciplinarias y trece indagaciones previas por casos en los departamentos del Tolima, Bolívar, Atlántico, Valle del Cauca y Meta”.

*Con información de Procuraduría General de la Nación