Cuatro procesos de responsabilidad fiscal emblemáticos, por una cuantía que suma más de $14 mil millones, adelanta la Contraloría General de la República en el departamento del Atlántico, de acuerdo al balance que realizó esta entidad en una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, que tuvo lugar en Barranquilla.

Los procesos tienen que ver con contratos de Electricaribe donde no se ejecutaron las obras correspondientes (de los Convenios Prone 2008, 2011 y 2012 y el proyecto “Tiquisio segunda etapa”).

Adicionalmente, un proceso de responsabilidad fiscal por obras pactadas y no realizadas para la reposición del sistema de acueducto del municipio de Palmar de Varela y otro por incumplimiento de los diseños y especificaciones técnicas de viviendas de interés social del municipio de Baranoa.

En cuanto al ejercicio auditor y el control fiscal participativo, uno de los resultados más relevantes es el obtenido con un control excepcional donde se detectaron presuntos daños fiscales por más de $1.300 millones, por manejo irregular de recursos transferidos a ligas deportivas.

Los casos más relevantes de la gestión de la Contraloría General de la República en el departamento del Atlántico, se resumen de la siguiente manera:

Acueducto recibido sin terminar en Palmar de Varela

Los hechos tienen que ver con la Alcaldía de Palmar de Varela (Atlántico), que suscribió un contrato por un monto de 3.220 millones 675 mil 127 pesos, más “otrosí”, por un valor de $35 millones, para un gran total de 3.255 millones 675 mil 127 pesos, cuyo objeto consistía en la reposición de las redes del sistema de acueducto, optimización y ampliación de las redes de alcantarillado sanitario existentes, adecuación y rehabilitación de la planta de tratamiento de este municipio.

El contrato fue firmado el 20 de diciembre de 2010 por el entonces Alcalde Rafael Fontalvo Fontalvo, con el Consorcio Costa Norte representado por Luis Enrique Villa Caballero, mientras que la interventoría fue contratada con Alberto Rafael Caballero Rúa, por 134 millones 194 mil 796 pesos.

Las obras fueron recibidas por el Alcalde y el Secretario de Planeación y Obras de la época, Azael Bolaños, con un avance del 100%.

No obstante, el proceso inició en razón a que, a pesar de haberse suscrito y pagado los mencionados contratos, las obras pactadas no se ejecutaron en su totalidad; encontrándose inconclusas y con deficiencias técnicas. Esto impidió que entraran en funcionamiento o servicio, ya que no cumplieron con las especificaciones técnicas y de conveniencias pactadas en el contrato respectivo; 

Obras eléctricas pagadas y no ejecutadas en Tiquisio (Bolívar)

En ejercicio del control de gestión y resultados, se observó que Electricaribe S.A E.S.P., suscribió el 15 de septiembre de 2014 el contrato No. 4114000257 para ejecutar el proyecto “Tiquisio segunda etapa”, en el municipio de Tiquisio (Bolívar), por $3.797 millones, incluyendo replanteo.

De este contrato fueron pagados $2.771 millones y la visita técnica evidenció que el proyecto no se ha iniciado, con el agravante de haberse generado alteraciones de orden público que motivaron requerimientos al operador de red por parte del ente territorial. 

El contrato fue suscrito con la firma SRG Civil Eléctrico Telecomunicaciones e Inversiones SAS, representada por Sigifrido Raad García, mientras la interventoría fue contratada con Consultores Unidos S.A. representada por CArlos Mauricio Quintero Chávez.

“Normalización” pagada y no ejecutada por Electricaribe

Según la CGR, el plazo final para la construcción y puesta en operación de los proyectos autorizados a través del Convenio Prone 2008, culminó el 19 de diciembre de 2014, de suerte que los contratos suscritos a su vez por Electricaribe S.A. E.S.P para la ejecución de las obras, se encuentran vencidos, sin que estos se hayan ejecutado.

En cuanto a los contratos correspondientes a Prone 2011 y 2012, al igual que los de los recursos del Faer 2012, el plazo de ejecución pactado por el operador de red con sus contratistas se encuentra vencido sin que se hayan ejecutado las obras derivadas de los proyectos autorizados por el Ministerio de Minas y Energía. 

Sin embargo, los recursos fueron cancelados a los contratistas sin que se acredite la inversión social proyectada y los fines previstos con la contratación.

La cuantía del detrimento se calcula en $6.078 millones.

Redes y subestaciones pagadas y no ejecutadas

De acuerdo con la CGR la empresa Electricaribe suscribió una serie de contratos, con cargo a recursos asignados por el Ministerio de Minas, para la normalización de redes eléctricas, los cuales fueron pagados en gran porcentajes, encontrando obras inconclusas y otras ni siquiera iniciadas.

Los casos concretos son los siguientes:

- Contrato firmado con Carlos Vengal Pérez para el proyecto eléctrico Villa Merly - La Alianza, en el municipio de Soledad, por $1.742 millones. El plazo de ejecución, incluido prórrogas, venció el 31 de julio de 2014. Fueron pagados $1.398 millones (80% del total), pero la ejecución fue del 24%.

- Contrato con Electroredes Ltda para el proyecto Los Olivos, en Riohacha, por $586 millones. El plazo final venció el 31 de enero de 2015, fueron pagados $471 millones (80%) y lo ejecutado apenas fue del 60%.

- Contrato con Electroredes Ltda, para el proyecto Donith Vergara, en Maicao, por $439 millones. El plazo definitivo venció el 30 de abril de 2015, fueron pagados $438 millones y la ejecución alcanzó el 76%.

- Contrato con Electroredes Ltda, por $695 millones, para el proyecto Pelechua, en Riohacha. El plazo final venció el 31 de enero de 2015, fueron pagados $627 millones (90%) y la ejecución fue del 80%.

Estos tres contratos con la misma firma fueron suscritos el 15 de octubre de 2013.

- Contrato con SRG Civil Eléctrico Telecomunicaciones e Inversiones SAS -SRG SAS-, por $2.318 millones, para la construcción de la línea a 34.5KV Panceguita - San José de Las Martas y la subestación San José de Las Martas, en Magangué. El plazo con prórroga venció el 10 de diciembre de 2014, fueron pagados $1.298 millones y el resultado fue 0% de ejecución.

- Contrato con Ingeniería y Montajes Electromecánicos S.A. (Inmel S.A.), por $1.075 millones, para la construcción de la línea a 34.5KV Chinú - Santa Rosa y la subestación Santa Rosa, en Chinú (Córdoba). Fueron pagados $612 millones (56%) y la ejecución fue del 20%.

- Contrato con SRG Civil Telecomunicaciones e Inversiones SAS (SRG SAS), por $2.200 millones, para la construcción de la línea a 34.5 KV Magangué - Yati y la subestación Yati, en Magangué. El plazo final venció el 10 de diciembre de 2014, fueron pagados $1.232 millones (56%) y la ejecución fue del 0%.

Planes de vivienda en Baranoa

Con el fin de hacer una revisión de las obras ejecutadas, se llevó a cabo inspección visual de las viviendas de interés social rural del municipio de Baranoa.

Se pudo establecer el incumplimiento en cuanto a los planos de diseño de especificaciones técnicas y demás documentos presentados y aprobados para la ejecución del proyecto de vivienda teniendo el grado de vulnerabilidad sísmica de las viviendas.

La cuantía del daño patrimonial se calcula en 1.007 millones 750 mil 718 pesos.

Recursos para el deporte

El ente fiscal también destacó que el ciudadano es eje fundamental para el logro de resultados positivos en la lucha contra la corrupción y una de las formas de contribuir en este propósito es denunciando en forma responsable y objetiva hechos que consideren van en contra del buen uso de los recursos públicos.

Esta participación activa de veedores le permitió a la Contraloría General de la República intervenir de manera excepcional en los recursos territoriales de la Secretaría de Deportes del Distrito de Barranquilla y en Indeportes Atlántico, para las vigencias fiscales 2016 a 2018, recordó el Gerente Departamental de la CGR en Atlántico, Marcial Enrique Cano.

Como resultado de la auditoría de Control Excepcional, la Contraloría General de la República constituyó 42 hallazgos administrativos, de los cuales 21 corresponden a hallazgos con alcance fiscal en cuantía de $1.313 millones; así mismo 23 tienen posible alcance disciplinario y 11 posible incidencia penal; y se dio lugar al inicio de 9 indagaciones preliminares y 2 procedimientos administrativos sancionatorios fiscales, se dieron 3 traslados a otras instancias y se obtuvieron 3 beneficios de auditoría por más de $33 millones.

Por el impacto de los hallazgos fiscales, la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República en el Atlántico decidió trasladar los procesos de Responsabilidad Fiscal al nivel central, donde se surtirán los trámites pertinentes, con carácter prioritario.