Carlos Andrés Murillo Queragama y Guillermo Naticay, indígenas de la comunidad embera señalados como partícipes en los graves hechos de alteración del orden público ocurridos el pasado miércoles en Bogotá, fueron capturados por la Policía para la respectiva judicialización.

Sin embargo, la audiencia de formulación de imputación que se iba a realizar la noche de este jueves no se pudo llevar a cabo porque no había un traductor que asegurara el procedimiento judicial adecuado.

Es decir, no se contaba en el momento con un conocedor de la lengua embera que les hiciera conocer a los capturados los hechos que se les endilgan, y a su vez conocer sus respuestas.

Sin embargo, el juez noveno de control de garantías de Bogotá señaló que “el testimonio de Ascanio Manuel Tapia, servidor de la Defensoría de Pueblo, identificó como en un grupo grande, que Guillermo Naticay estaba violentando y agrediendo a los miembros de la Policía Nacional que intentaban retomar el control del edificio Avianca”, instalaciones atacada por los emberas. 

De otro lado  la Fiscalía informó que los capturados tenían heridas en la cabeza que no estaban relacionadas con agresiones de los uniformados, sino que fueron con objetos contundentes que lanzaban otros en medio de los desmanes.  

Como consecuencia de estos incidentes hubo un saldo de 23 heridos, de los cuales 11 fueron policías, 7 funcionarios de la Alcaldía de Bogotá y 5 ciudadanos que se encontraban en el lugar en momentos que comenzó la reyerta.

Los desmanes se iniciaron cuando los indígenas realizaban un plantón frente al edificio Avianca, donde antes funcionaba la sede de la Unidad de Víctimas.

Solicitaban, según ellos, el cumplimiento de unos acuerdos de ayuda a esa comunidad que se establecieron con la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional. 

En un momento inesperado los embera dejaron de lado la protesta pacífica y comenzaron una serie de hechos violentos contra las instalaciones del edificio, los policías que llegaron a conocer el caso, contra el Esmad y también funcionarios de la Defensoría del Pueblo y la Alcaldía que trataban de mediar en la búsqueda de una solución.

Como resultado de estos desmanes la Policía elaboró un cartel de los comprometidos en los hechos a fin de judicializarlos.