Por José Granados Fernández
Twitter: @JoseGranadosF

Por incumplir las inversiones y los plazos de las obras ordenadas a través de una Acción Popular para hacer frente a la acelerada erosión que amenaza a Salamina y todos los municipios aledaños, el Tribunal Administrativo del Magdalena abrió, hace una semana, un incidente de desacato contra el ministro de Hacienda y los directores de Cormagdalena, Invías y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres.

Emisora Atlántico y Zona Cero.com conocieron que, una vez notificados, el ministro José Antonio Ocampo y los directores encargados de Cormagdalena, coronel Germán Puentes Aguilera; del Invías, Guillermo Toro Acuña, y el de la UNGRD, Javier Pava Sánchez, tendrán tres días para que “rindan informe pormenorizado” sobre la situación constitutiva del incumplimiento de lo ordenado.

Las explicaciones deben darlas porque la magistrada María Victoria Quiñones Triana concedió, el pasado 4 de mayo, el amparo solicitado a través de una Acción Popular presentada por el abogado Miguel Martínez en defensa de los derechos colectivos, el patrimonio público y la salubridad que están amenazados por la erosión en Salamina.

Las obras a ejecutar de manera urgente suman 90.000 millones de pesos, recursos que el gobierno del presidente Iván Duque anunció que aportaría para trabajos como la relocalización de la vía Salamina - El Piñón, pues la que existía se la tragó el Río; la construcción de siete espolones; el reforzamiento de la orilla destruida y socavada y el dragado de la Isla Tamarindo; además de llevar a cabo campañas de capacitación de las comunidades en temas de prevención de emergencias y la no afectación del medio ambiente.

Nada de lo ordenado por la magistrada Quiñones se ha cumplido. Sólo hay disponibles 60.000 millones, porque el MinHacienda recortó los aportes, lamenta el demandante Miguel Martínez.

El accionante advierte que “cada día aumentan los riesgos reales” de una grave inundación, porque mientras que Cormagdalena, Invías y la UNGR no inician las obras de protección, acogidas por el Tribunal luego de estudiar el diagnóstico y las soluciones planteadas por las Universidades del Magdalena y Cartagena y la Sociedad Colombiana de Ingenieros, el Río, hoy con un altísimo caudal por el invierno, acecha. “Es una mayor y más grave amenaza”.

Cuando pensaban que con la Acción Popular todo quedaría resuelto con las obras integrales que en su fallo ordenó Quiñones Triana, ponencia que respaldaron los magistrados Adonay Ferrari Padilla y Elsa Reyes Castellanos, la comunidad ribereña de esa parte del occidente del Magdalena teme lo peor, con la misma zozobra que los agobia hace dos años, afirma alarmado Jaime Solano, secretario de Gobierno de Salamina.

¿Otra vez la Isla Tamarindo?

El 26 de octubre de 2020, Cormagdalena anunció la adjudicación del “dragado de la Isla Tamarindo”, obras que permitirían, de acuerdo con lo que informó la entidad, “desacelerar los fenómenos de erosión y socavación que se presentan en la margen derecha del río Magdalena entre los municipios de Salamina y El Piñón”.

El contrato por 9.999 millones de pesos, por 45 días, lo firmó Pedro Pablo Jurado, ex director de Cormagdalena, con Dragados Hidráulicos, única empresa que en el país tenía el tipo de draga que exigieron en la licitación. Fue como escoger un contratista a dedo.

Los resultados del dragado fueron adversos. No lograron el objetivo de evitar que el río Magdalena chocara con la Tamarindo y siguiera dirigiendo su corriente hacia Salamina: allí, por el contrario, el caudal continuó destruyendo, devorando, la vía Salamina – El Piñón y todo el material de relleno que, en gigantescas bolsas, iban depositando. “Toda esa platica se perdió”, afirman en Salamina. Hoy la isla es más grande que antes, asegura el secretario Solano.



Si de malgastar los recursos públicos se trata, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, que terminó cuestionada como fortín contractual del gobierno Duque en todo el país, hizo en Salamina unos trabajos de mitigación que el Río se tragó. Miguel Martínez dice que invirtieron 10.000 millones, de una partida de 30.000 millones que el Tribunal del Magdalena les ordenó detener porque las obras estructurales debe ejecutarlas el Invías.



Gobernación no aparece

Otro hecho extraño en este proceso, que busca evitar una tragedia con estragos incalculables si llega a reventarse la protección de Salamina, es que mientras el Tribunal Administrativo emplaza y reclama acciones de entidades nacionales, poco o nada le ha exigido a la Gobernación del Magdalena, que no da la cara.

El abogado Martínez dice que la Acción Popular iba dirigida también contra la administración departamental, pero hoy ésta “aparece como demandada y demandante”. Han pasado de agache, como se dice popularmente.

El secretario de Gobierno de Salamina, quien recuerda que desde agosto de 2020, junto con el alcalde Luis Ramón Orozco, comenzaron en Emisora Atlántico las denuncias de la grave erosión que los asusta, le pide al gobernador Carlos Caicedo que “deje de lado las posiciones ideológicas y vaya a trabajar mancomunadamente” con las comunidades, en el tema de la erosión y en la recuperación de las vías que son lodazales donde se atollan a diario camiones cisternas lecheros y de carga en general, vehículos particulares, buses, motos y hasta los tractores.

Solano recordó que la última vez que Caicedo se apareció por allá fue en septiembre de 2020, cuando llegó al kilómetro 2.4, que comenzaba a ser devorado por el río Magdalena. “En Guáimaro, nuestro corregimiento, que también se encuentra en riesgo por la erosión, lo están esperando desde diciembre de 2019, y nada que llega”, lamentó.