La Procuraduría General de la Nación abrió indagación contra funcionarios de la Dirección Administrativa y Financiera del Congreso,  por presuntas irregularidades en contratos suscritos con la empresa Dicitec S.E.M. S.A.S.

La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que se investigarán las denuncias del senador Jota Pe Hernández sobre presuntas irreguladidades en las etapas precontractuales, de celebración y ejecución de contratos suscritos para la producción de contenidos del canal del Congreso, en los que posiblemente se desconocieron los principios de la función administrativa y de este tipo de vinculación laboral, así como un eventual interés indebido y un posible detrimento patrimonial. 

De igual manera, el ente de control validará la información de los contratos en aras de esclarecer las razones por las que se recibieron ofertas de manera extemporánea, la existencia de documentos sin certificación de cumplimiento a los que se les dio trámite y la justificación para subcontratar, entre otras.

El Ministerio Público sostuvo que es necesario despejar la duda acerca de quién o quiénes podrían ser los servidores comprometidos en las conductas objeto de investigación, por lo que solicitó practicar pruebas conducentes a la identificación e individualización de los mismos.

Los hechos materia de investigación se relacionan con las denuncias formuladas por el Senador Jota Pe Hernández, en torno a presuntas irregularidades en la contratación en el Canal Congreso.

Según el Senador Jota Pe Hernández, las denuncias involucrarían al presidente del Congreso, Roy Barreras, en cuantía de 4 mil millones de pesos.

Específicamente la contratación se habría hecho con una persona identificada como Valeria Uribe y su padre, John Jairo uribe, exproductor del Canal del Congreso y muy allegados al círculo de Roy Barreras.

Tanto así que habían trabajado juntos en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) en procesos políticos apoyados por La U y Pacto Histórico, las colectividades a las que ha estado vinculado Roy Barreras.

En concreto, los posibles hechos de corrupción se darían porque la compañía Dicitec firmó un contrato con el Senado de la República por más de 8.000 millones de pesos para manejar la operación del Canal Congreso y subcontrató a otra (Espejo Público), por $4.000 millones. El caso es que la dueña de esta última empresa es la hija de Uribe, además de llamar la atención sobre el hecho de cómo una empresa pequeña recibe un contrato multimillonario.

*Con apoyo informativo de la Procuraduría General de la Nación