La Procuraduría General de la Nación pidió a la alcaldesa de Santa Marta, Virna Jhonson, a los delegados del gobierno departamental, a los registradores municipales y a la Policía, informar sobre las gestiones realizadas para garantizar el orden público, y la prestación del servicio de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que fue interrumpido desde el pasado 2 de octubre por amenazas de toma a sus instalaciones.

La comunicación enviada por las procuradurías regional Magdalena y provincial Santa Marta, asegura que las labores de la Registraduría en esta ciudad se mantienen interrumpidas, situación que afecta derechos fundamentales como la identidad de los colombianos, fe pública registral, y su participación en el proceso electoral.

Recordemos que el servicio se interrumpió después de las intimidaciones que sufrieron los funcionarios de la Registraduría.

Lo anterior después de que fue revocada la candidatura de Patricia Caicedo.

*Con información de Procuraduría General de la Nación