Las víctimas del conflicto armado y sus familias viven expuestos a engaños por parte de personas que buscan obtener beneficios de la Ley de Víctimas (1448 de 2011) y del gobierno de manera fraudulenta, sin medir los daños que causan a esta población del país, a los recursos del Estado, ni los delitos que incurren.

La Unidad para las Víctimas en el Atlántico, en atención a esta problemática, realizó orientaciones y socializaciones con las víctimas que acuden diariamente a los centros regionales y puntos de atención, sobre los diferentes canales de denuncia por medio de los cuales pueden comunicarse con el Grupo de Indagación y Protección contra Fraudes (GIPF), encargados en la entidad de atender todas las denuncias y los reclamos por temas que tienen que ver con fraude hacia las víctimas del conflicto.

Este grupo analiza las denuncias y quejas de usuarios, funcionaros, colaboradores y otras entidades sobre el tema. Los principales tipos de denuncias que se presentan son: personas no víctimas que hacen fraude para quedar incluidas en el Registro Único de Víctimas (falsas víctimas); tramitadores que no hacen parte de ninguna entidad y buscan engañar a las víctimas para quedarse con los recursos que les entrega el Estado; mal uso de los recursos de atención humanitaria que algunas víctimas destinan a fines distintos al alojamiento temporal y alimentación e irregularidades con funcionarios del Estado.

Aunque la campaña antifraude está dirigida a víctimas, cualquier ciudadano puede reportar irregularidades o fraudes cometidos por funcionarios, victimas o personal ajeno a la Unidad, para lo cual  están dispuestos los siguientes canales de atención:

- Línea Nacional gratuita: 01 8000 911 119

- Correo electrónico a: grupocontrafraudes@unidadvictimas.gov.co

- Centros Regionales y Puntos de atención a Victimas

- Página web de la Unidad para las Víctimas, donde se encuentran los formatos y formularios para denunciar sobre hechos irregulares

https://www.unidadvictimas.gov.co/Denuncias/Paginas/LugarAtencion.aspx

La información suministrada es confidencial para la Unidad y se entregará al área competente para los trámites a que haya lugar. Solo en el evento que se denuncie ante la Fiscalía General de la Nación, ésta entidad citará a las personas para ampliar los hechos o ratificarlos.