El Grupo Aeroportuario del Caribe (GAC), que tiene a cargo el aeropuerto de Barranquilla, Colombia, fue admitido en reorganización empresarial por parte de la Superintendencia de Sociedades.

Así lo confirmó Valora Analitik con documentos de la entidad en los que se detalla que la compañía pidió pista para esto desde mayo de este año.

La solicitud fue hecha por su apoderado, Nicolás Tirado, quien hace parte del bufete Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).

Y se concretó el pasado viernes, 16 de septiembre, cuando de la SuperSociedades salió el auto de admisión al proceso de reorganización.

En el estado de situación financiera encontrado por la entidad, se encontró que el Grupo Aeroportuario del Caribe tiene activos por $729.155 millones y pasivos relacionados que suman alrededor de $202.740 millones.

De igual forma, la SuperSociedades recibió documentos de incumplimientos de parte de la compañía, incluyendo pagos a fiduciarias y patrimonios autónomos.

Todo lo anterior llevó a que el Grupo Aeroportuario del Caribe fuera aceptada en reorganización, con lo cual buscará sanear sus cuentas y mantener la operación del aeropuerto de Barranquilla.

Vale recordar que dicha sociedad está conformada por las empresas Valorcon (también en reorganización), Equipo Universal e Inversiones Millenium Azipo.

Eso sí, estas firmas tienen un historial de larga data con el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla.

De hecho, el año pasado, el GAC liquidó a la compañía Nuevo Aeropuerto de Barranquilla, que estaba al frente de las obras, tras dos años de incumplimientos en pagos.

En medio de la situación de las empresas, el grupo no ha culminado la construcción del Ernesto Cortissoz, pese a que estas iniciaron hace siete años.

Incluso, durante el gobierno de Iván Duque, el equipo de transporte indicó que se dejaba el camino allanado para que la concesión quedara al 100 % antes de culminar ese mandato.

A pesar de esto, los trabajos no han terminado, aun cuando su porcentaje de avance es de más del 95 %.

Salidas a la situación

En medio de esta situación, el gobierno de Gustavo Petro instaló una mesa de diálogo para solucionar la situación de la terminal aérea y evitar que los procesos legales entre los privados y el Estado sigan avanzando.

Así se concretó el pasado 2 de septiembre, cuando el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, y el director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), William Camargo, se reunieron con el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, y representantes del concesionario del aeropuerto.

Con esto, el Ejecutivo retomó las mesas de negociación para la reestructuración del contrato de concesión del Ernesto Cortissoz, que tiene como objeto la modernización de dicha terminal.

Para lograr este acuerdo, las partes han manifestado su intención de llegar a soluciones de común acuerdo y poder dar fin a las controversias judiciales existentes.

“Vamos a reinstalar el diálogo y darle fin a la controversia de manera positiva”, resaltó el ministro Reyes

Por su parte, Camargo celebró el inicio de la ronda de revisión de los procesos y dijo que se pretende acercar las posiciones de ambas partes para restablecer las obras, “explorando mecanismos para viabilizar el reinicio de las mismas”.

*Tomado de Valora Analitik

Pronunciamiento oficial

El operador del aeropuerto emitió el siguiente comunicado:

El Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S en su calidad de concesionario del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz que presta sus servicios a la Ciudad de Barranquilla, se permite informar a la opinión pública que el pasado 31 de mayo de 2022 la Compañía presentó una solicitud de admisión a un trámite de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, dicha solicitud fue resuelta mediante AUTO del 16 de septiembre de 2022 proferido por la Superintendencia de Sociedades a través del cual luego de realizar el análisis de cumplimiento de los aspectos jurídicos y financieros de la solicitud resolvió ADMITIR a la sociedad al proceso de reorganización regulado por la Ley 1116 de 2006 y las normas que la complementen o adicionen.

La decisión adoptada por la Compañía tiene el propósito de atender sus obligaciones, normalizar sus relaciones comerciales y crediticias y continuar como negocio en marcha, con el ánimo permanente de superar en un tiempo razonable la situación y continuar prestando un servicio que tiene la característica de ser público y esencial para el país.