Una polémica se desató entre el Gobierno colombiano y la portuguesa Mota-Engil por los retrasos de esta compañía en la ejecución de proyectos de infraestructura educativa que tiene adjudicados en 18 de los 32 departamentos del país. 

El Gobierno tiene un programa de construcción de 30.000 aulas escolares que deberían haber sido entregadas el año pasado, y de ese programa a Mota-Engil le encomendaron 248 contratos para la realización de los proyectos "desde su fase de diseño y ejecución".

No obstante, detalló el Ministerio de Educación en un comunicado, de ese total, 118 proyectos están en la etapa de diseños, 113 en obra y tan solo 17 terminados. 

La información agregó que hasta la fecha a Mota-Engil le han hecho los pagos "conforme se encuentra establecido en los contratos", por obra recibida de manera satisfactoria, pero como no ha cumplido y los trabajos están paralizados, "a la fecha el Estado colombiano no tiene pagos pendientes al contratista".

En ese sentido, la compañía respondió que quien abandonó las obras no fue Mota-Engil sino el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE).

"Sobre ellos recaen las siguientes circunstancias: 56 incumplimientos graves en las órdenes de inicio en la construcción de los colegios", afirmó en una rueda de prensa el abogado de la compañía portuguesa, José Ignacio Leyva.

Al respecto, el Ministerio de Educación respondió que "el FFIE no ha abandonado las obras, debido a que no es el ejecutor de estas" y que por el contrario "mantiene seguimiento constante de cada una de las obras que tienen el país". 

Esa entidad se encarga además de fortalecer "la articulación con las entidades territoriales, contratistas de obra, contratistas de interventoría, supervisores y equipos técnicos del FFIE, con el fin de identificar y solucionar alertas tempranas que afectan el desarrollo de los proyectos".

El gerente de la Mota-Engil, Pedro Teixeira, señaló que tienen la intención de no continuar con los contratos porque el FFIE "dejó de dar la orden de inicio de construcción de 56 obras desde hace 10 meses".

Teixeira señaló además que, en vista de las dificultades, "y en vez de quedarnos en una discusión jurídica, proponemos terminar el contrato en común acuerdo".

Advirtió además que el Gobierno les debe 112.000 millones des pesos (unos 32,9 millones de dólares), pues han entregado obras terminadas por más de 261.000 millones de pesos (unos 76,6 millones de dólares) y solo les han pagado 149.000 millones de pesos (unos 43,7 millones de dólares).

"Con relación a la supuesta indebida aplicación de los Acuerdos de Niveles de Servicio, el FFIE ha dado estricto cumplimiento a lo pactado por las partes en los contratos suscritos durante 2015-2016. En este sentido, cualquier dificultad económica del contratista es consecuencia de sus actuaciones durante la ejecución de los contratos", respondió el Gobierno.

EFE