La Misión de Observación Electoral, MOE, aseguró hoy que la Presidencia del Senado no solo desconoció el régimen de responsabilidad política de los partidos al posesionar ayer a la senadora Soledad Tamayo, en reemplazo de la Aida Merlano del Partido Conservador, sino que envía un terrible mensaje al validar que conductas contrarias a la constitución y la ley, realizadas por los partidos políticos, no acarrean ningún tipo de responsabilidad ni consecuencia.

La MOE recordó que el 6 de abril de 2018 la Corte Suprema de Justicia emitió orden de captura contra Merlano y que posteriormente el 18 de julio de 2018 esa Alta Corte profirió resolución de acusación por los delitos de concierto para delinquir, corrupción al sufragante, ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas y fabricación, porte y tenencia de armas.

La apertura formal de este proceso tuvo como consecuencia directa que el partido Conservador no pudiera posesionar a una persona que reemplazara a Aida Merlano, quien tiene medida de aseguramiento con detención preventiva y se encuentra a la espera del resultado del proceso.

Para la MOE la reforma política de 2009 incluyó el régimen de responsabilidad política de los partidos para avanzar en la lucha por la transparencia y para frenar la entrega de avales a candidatos cuyas prácticas electorales y políticas atentaran contra el sistema democrático.

Según Alejandra Barrios Cabrera, directora nacional de la MOE, “el presidente del Senado de la República tomó la decisión desconociendo el régimen de responsabilidad política que impide que partidos políticos que tengan militantes electos investigados por delitos electorales, alianzas con el narcotráfico o grupos armados ilegales, entre otros, tengan la posibilidad de reemplazarlos, tal como ocurrió en el pasado con las investigaciones de la denominada parapolítica”.

El pasado 16 de mayo de 2019 el Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección de la senadora Merlano por haber encontrado probadas las conductas lideradas por la parlamentaria con el propósito de afectar la libertad de los electores a través de la compra de voto. Para la MOE “es consecuente con la aplicación del régimen de responsabilidad política”. En este sentido la mesa directiva no debió posesionar a la senadora Tamayo hasta tanto no se resolviera el proceso penal de la senadora Aida Merlano que se encuentra en curso en la Corte Suprema de Justicia.