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El Ministerio de Educación llamó la atención sobre los procesos de contratación en Uniatlántico.
6:35 pm. Miércoles 28 de Septiembre de 2016
MEN cuestiona proponente único y costos injustificados en vigilancia de Uniatlántico
6:35 pm. Miércoles 28 de Septiembre de 2016
También alerta sobre posible detrimento patrimonial en Ley 550 por $6.058 millones.

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) cuestionó la manera como se ha venido manejando la contratación del servicio e vigilancia en la Universidad del Atlántico.

Al analizar los procesos de contratación a partir de 2010 hasta la fecha, el Ministerio advierte sobre la “adjudicación sistemática y continua a la misma empresa de seguridad, sin justificación evidente”, además de las prórrogas y otrosíes que han significado millonarios recursos adicionales en los contratos, sin que existan ningún tipo de soportes.

El análisis parte del contrato 036 celebrado el 30 de marzo de 2010 con la firma Vigilantes Marítima Comercial Ltda (Vimarco), por valor de 729 millones 296 mil 811 pesos, al cual se le colgó un otrosí por 288 millones 365 mil 211 pesos, para un valor final de 1.017 millones 662 mil 22 pesos.

Según el MEN, “no hay soportes que indiquen la justificación de la adición realizada”.

Luego, mediante contrato 0144 del 24 de enero de 2011, fue adjudicada la misma prestación de servicios con Vigilantes Marítima Comercial Ltda (Vimarco), hasta por un valor de 218 millones 50 mil 94 pesos, por el término de 1 mes.

Sin embargo, a los 27 días de firmado, se hizo una adición por 42 millones 140 mil 494 pesos, para un valor final de 260 millones 190 mil 588 pesos.

Al igual que la anterior contratación, el MEN observó que no hay soportes que indiquen la modalidad de selección.

Ese mismo año, en desarrollo de la Invitación Pública 005, el 4 de marzo fue firmado el contrato 0220 con la misma firma, hasta por 1.300 millones 656 mil 461 pesos. A los 26 días se hizo una modificación de garantías y el 11 de noviembre el contrato fue adicionado en 230 millones 466 mil 32 pesos, para un valor final de 1.531 millones 422 mil 493 pesos. Esto significa que a la firma Vimarco en total le pagaron 1.791 millones 613 mil 85 pesos en 2011 por ambas contrataciones.

El Ministerio llamó la atención sobre el hecho de que en la Resolución de adjudicación del 4 de marzo de ese año, “el encargado de realizar las evaluaciones técnicas para los proponentes fue Marco Antonio Guzmán Bettin, quien mediante escrito del 24 de febrero de 2011 consideró que el único proponente a calificar era Vimarco”.

Para el 2012 con la misma firma Vimarco fue firmado el contrato 0271 hasta por 1.804 millones 894 mil 646 pesos. A este se le hizo una modificación de la razón social por Prosegur Vigilancia y Seguridad y 18 días antes de vencerse el término de ejecución le hicieron una adición por 309 millones 136 mil 880 pesos, para un valor final de 2.114 millones 31 mil 526 pesos.

En este caso, el Ministerio nuevamente llama la atención sobre que quien consideró que “el único proponente a calificar era Vimarco”, fue el mismo Marco Antonio Guzmán Bettin. Además de no encontrar justificación para adicionar los $309 millones.

En el 2013 se presentaron dos proponentes: SOS (Su Oportuno Servicio) y Prosegur Vigilancia y Seguridad, siendo adjudicada la contratación a esta última hasta por 2.668 millones 339 mil 645 pesos.

A este contrato se le hizo una primera adición de $82 millones y luego, coincidencialmente con el anterior, faltando 18 días para vencer su ejecución, le adicionaron otros 70 millones 688 mil 6 pesos, para un valor final de 2.821 millones 28 mil 147 pesos.

El Ministerio insiste en señalar que en esta contratación la evaluación técnica estuvo a cargo de Marco Antonio Guzmán Bettin y quien consideró que “el único proponente que cumplía los requisitos técnicos en Prosegur Vigilancia y Seguridad”, además de advertir que “no es posible establecer la justificación de los otrosíes que incrementar el contrato para la vigencia en dos oportunidades”.

Al año siguiente (2014), la contratación le fue adjudicada a la misma firma Prosegur Vigilancia y Seguridad, hasta por 3.325 millones 154 mil 550 pesos, como único proponente.

A comienzos de 2015 con Prosegur Vigilancia y Seguridad se hizo un contrato, por 45 días, por 319 millones 821 mil 333 pesos. Sin embargo, también se le colgó una adición por 115 millones de pesos, para un valor final de 437 millones 821 mil 333 pesos.

Ese mismo año la prestación del servicio pasó a manos de Delthac 1-Seguridad Ltda. Con esta firma fue suscrito el contrato 018 del 9 de abril, hasta por 3.242 millones 25 mil 506 pesos.

Faltando 13 días para vencerse su ejecución, se hizo una adición por 829 millones 958 mil 529 pesos, para un valor final de 4.71 millones 984 mil 35 pesos.

En este caso el Ministerio de Educación llama la atención sobre el hecho de que solo se presentó un proponente y “en este proceso de selección no participó en el área técnica el señor Guzmán Bettin”.

Para este año fue firmado el contrato 005, con Delthac 1-Seguridad Ltda, hasta por 2.448 millones 764 mil 609 pesos. En este proceso participaron dos proponentes: Seguridad Superior y Delthac 1-Seguridad Ltda. El MEN reiteró que “para este proceso de evaluación no participó el señor Guzmán Bettin”.

A juicio del Ministerio, “frente a los incrementos por la prestación del servicio desde 2010 hasta la fecha, en los soportes documentales no hay evidencia clara que los pruebe, así como tampoco existe justificación de las adiciones (otrosíes) presupuestales que se han presentado en la mayoría de los contratos suscritos”.

Por ello le recomienda a Uniatlántico observar los principios de contratación, implementando mecanismos internos  de control que garanticen la pluralidad de oferentes y se incluyan instrumentos de planeación para evitar traumatismos en la debida gestión contractual”.

Por otra parte, el Ministerio observó fallas en el proceso de reestructuración de pasivos (Ley 550) con graves consecuencias de detrimento patrimonial.

“De conformidad con el acuerdo de reestructuración de pasivos, al cual se acogió la Universidad del Atlántico, le asisten compromisos de pago de obligaciones por concepto de sentencias judiciales de conformidad con la orden impartida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, entre los años 2007 a 2012 que a la fecha no es posible establecer si han sido canceladas en su totalidad, lo anterior puede configurar un presunto detrimento patrimonial debido al pago de intereses moratorios originados por el no pago oportuno de estas obligaciones”, sostiene el MEN.

“Derivado de lo anterior y de conformidad por lo manifestado por la Promotora del Acuerdo de Restructuración de Pasivos de la Uniatlántico, se están presentando situaciones en pagos por concepto de liquidaciones a favor de los demandantes, algunas presuntamente ya reconocidas y mal liquidadas, generando un incremento desmedido del presupuesto para contingencias del año 2016, que en lo corrido del año asciende a la suma de 6.058 millones 69 mil 948 pesos”, alertó el Ministerio.

“Esta situación genera alerta sobre posibles irregularidades en lo que respecta al manejo de sentencias judiciales y al pago efectivo de las mismas, toda vez que no hay claridad en el inventario de los procesos, como tampoco en la debida gestión de la defensa jurídica de la Universidad”, concluye el informe.

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