A pocos días de que se adjudique la licitación para la prestación del servicio de vigilancia electrónica de las personas privados de la libertad, la Procuraduría advierte de situaciones que podrían contrariar los principios de la contratación estatal y pide explicaciones a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios- USPEC- sobre el cambio de criterios para ítems que ya estaban definidos.

El nuevo escándalo que sacude a la entidad, tiene que ver con la expedición de una adenda en la que se modificaron las condiciones con respecto al incentivo a la industria nacional y la asignación de puntajes con el propósito, según denuncias públicas, de favorecer a una de las empresas participantes.

Revisadas las publicaciones en el SECOP, asegura el Ministerio Público, se evidencia que se expidió la adenda en la cual la USPEC decide modificar, los estudios del sector y el pliegos de condiciones asignándole puntaje a “los proponentes cuyos dispositivos electrónicos y/o solución tecnológica de hardware de rastreo y/o seguimiento GPS y/o vigilancia y/o vigilancia electrónica se produzcan en Colombia de conformidad con el decreto 816 de 2003 y 680 de 2021” y no a la oferta de talento humano.

Sin embargo, no existe por parte de la USPEC justificación de carácter técnico o de otra naturaleza, que sustenten de manera suficiente la decisión de modificar el criterio para la asignación de puntaje, ya que la entidad no define si los productos registrados en la Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE - cumplen con las características establecidas en la ficha técnica, especialmente en cuanto al dispositivo físico.

Y es que el ente de control ha hecho serias observaciones a los documentos del proceso licitatorio en lo que tiene que ver con aspectos técnicos, jurídicos y financieros, cuya finalidad es que la USPEC garantice la pluralidad de oferentes y la selección objetiva, algunas de ellas sin ser tenidas en cuenta, hasta el momento, por la entidad.

Otro de los aspectos que preocupan al ente de control es la selección de la interventoría que sigue sin definirse.

El Ministerio Público le ha manifestado a la USPEC la importancia de adjudicar el contrato a través de una selección objetiva en cumplimiento de los principios de la contratación estatal y los riesgos de declarar una nueva urgencia manifiesta que ha sido el mecanismo utilizado para contratar al mismo operador que rige desde el año 2021.

Los hechos merecieron requerimientos para que la directora encargada de la USPEC, Carmen Simijaca, entregue explicaciones a la Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia de la Función Pública.

*Con información de Procuraduría General de la Nación