Tras una auditoría de cumplimiento, la Contraloría General de la República determinó graves errores en el proceso de licenciamiento ambiental y en el desarrollo constructivo del Proyecto Hidroeléctrico de Ituango y concluyó también que, por la falta de estudios detallados, a lo largo de la ejecución del mismo, Empresas Públicas de Medellín tomó decisiones, a juicio de este organismo de control, sin el sustento técnico suficiente.

Precisa que es el caso del taponamiento de los túneles de desvío inicialmente diseñados, frente a los cuales no construyó las compuertas que permitieran el control del cauce. "Una decisión basada más en criterios económicos por el alto costo de las compuertas", afirmó el ente de control fiscal. 

Detala que en su reemplazo, EPM construyó el túnel que al colapsar generó la falla del sistema, con los consecuentes problemas de gran magnitud ocasionados por la emergencia de abril de 2018.

Para la CGR, la capacidad destructiva de las aguas del río Cauca tuvo libertad absoluta porque EPM perdió el control hidráulico del proyecto y el plan de contingencias no tenía previsto el riesgo catastrófico ocurrido, con lo cual, ante la incapacidad de esta empresa para atender la emergencia, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres asumió su liderazgo.

Aún no se tiene claro el costo para la Nación y los entes territoriales de la atención de la emergencia, que además no ha sido superada, pues las poblaciones aún se encuentran en albergues sin poder recuperar sus vidas.

Incumplimientos, retrasos y riesgos

Según el Contralor Edgardo Maya Villazón, son tantos los incumplimientos de EPM a las obligaciones establecidas en la licencia ambiental, que no se explica el por qué la ANLA no ha expedido ni una sola sanción, y más bien, su posición permisiva contribuye a que los riesgos del proyecto no estén manejados técnicamente como debe ser, para evitar mayores daños a los habitantes y a los recursos naturales.

Las compensaciones, la protección de especies amenazadas y la reforestación, entre otras obligaciones, llevan mucho tiempo de retraso y la ANLA en vez de hacer uso de su competencia sancionatoria, cada vez fija nuevos plazos para su cumplimiento, en detrimento de las condiciones ambientales de las zonas afectadas por el proyecto.

“Ni las autoridades de los municipios y mucho menos sus habitantes tienen plena información sobre los riesgos del proyecto y hasta cuándo la incertidumbre que rodea la situación va a cesar”, lamentó Maya Villazón.

Incalculables daños sociales y ambientales

A través de su Delegada de Medio Ambiente, la Contraloría General de la República realizó una auditoría donde evaluó el cumplimiento de las obligaciones y requerimientos de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 0155 de 2009 a EPM para la construcción, llenado y operación del Proyecto Hidroeléctrico- Pescadero Ituango. 

La conclusión de la auditoría es que son incalculables los daños sociales y ambientales producidos por el desastre del Proyecto Hidroeléctrico de Ituango. Y todo a consecuencia de graves errores cometidos en la expedición y modificaciones de la licencia ambiental y reiterados incumplimientos por parte del dueño del proyecto.

Al finalizar la auditoría, la Contraloría General de la República formuló 35 hallazgos, de los cuales 29 tuvieron presunta incidencia disciplinaria y 8 penal, los cuales puso en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y Fiscalía General de la Nación las fallas detectadas.

La auditoría a la gestión de las autoridades ambientales en el proceso de licenciamiento del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, se adelantó desde febrero pasado, meses antes de ocurrida la emergencia.

Aunque es una de las obras más grandes e importantes que se adelantan en el país, no contó con Diagnóstico Ambiental de Alternativas, ni estudios y diseños detallados.

El Ministerio de Ambiente expidió la licencia ambiental del proyecto en el año 2009, a sabiendas de que el lugar presentaba cantidad de fallas geológicas ampliamente conocidas y registros de derrumbes frecuentes.

Son varias las situaciones detectadas por la Contraloría:

*Por deficiencias en el seguimiento efectuado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA se perdió el control del proyecto: desde hace más de 8 años abrió procesos sancionatorios que no han sido fallados por inactividad procesal.

*Por si fuera poco, en el desarrollo de la construcción de Hidroituango, EPM ocultó información a la autoridad ambiental y avanzó obras sin la licencia requerida.

*El proyecto que se encuentra en construcción es distinto al licenciado. Es así como se la han efectuado 12 modificaciones a la licencia ambiental.

*Es claro también que, para proyectos de este tipo, no existe en el Estado Colombiano una entidad que evalúe en etapa de licenciamiento los aspectos técnicos de ingeniería y haga seguimiento en su ejecución. El Ministerio de Minas y Energía no ejerce control al Proyecto de Ituango ni a otros similares.

*La ausencia del Plan de Contingencias ajustado a los riesgos reales del proyecto ocasionó perjuicios en parte a más de 25.000 personas de los 14 municipios afectados por la emergencia ocurrida en abril del presente año e incalculables daños a los recursos naturales.

*El riesgo sistémico del proyecto es permanente. Es incierto su futuro y las comunidades afectadas por el proyecto no tienen definida su situación.

*Por otro lado, la Contraloría encontró que, por errores del Ministerio del Interior, se violó el derecho a la consulta previa a las comunidades indígenas de la zona.

Riesgos inciertos

La Contraloría recordó que los graves errores en el proceso de licenciamiento ambiental y en el desarrollo constructivo del Proyecto Hidroeléctrico de Ituango han venido ocasionando problemas a los miles de habitantes que viven en las zonas afectadas por las obras y alterando las condiciones naturales en perjuicio de la flora y fauna del lugar. Agregó que hoy no es claro hasta dónde pueden llegar los efectos negativos por el riesgo existente frente al rompimiento de la presa.

La Contraloría General de la República encontró que el Ministerio de Ambiente de la época, no exigió el Diagnóstico Ambiental de Alternativas el cual era necesario para determinar opciones con respecto a la ubicación y los diferentes efectos sobre las poblaciones circundantes y los recursos naturales.

La decisión de la autoridad ambiental se basó en estudios y diseños básicos, que en muchos casos correspondieron a escalas regionales y no puntuales sobre el lugar, situación inaceptable para un proyecto de esta envergadura. Esto explica en buena medida el por qué las doce modificaciones de la licencia, pues el proyecto toma su rumbo según lo encontrado en terreno.

Se cuestiona que la ANLA en las pocas visitas de seguimiento efectuadas al proyecto no se percatara de la construcción del denominado Sistema Auxiliar de Desviación SAD que llevaba más del 80 por ciento de avance de obra y para el cual no había sido solicitada la licencia respectiva por parte de EPM.

Los problemas presentados en este túnel de desviación construido por el cierre de los dos túneles iniciales, fueron causantes de la grave emergencia vivida en abril del presente año, que obligó el desplazamiento de los habitantes de estas zonas. Sólo hasta hoy la ANLA actúa frente al tema, de manera reactiva una vez fue requerida por la CGR.

ANLA perdió el control del proyecto

Afirmó que es tan baja la capacidad técnica de la ANLA que perdió el control del proyecto en cuanto al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la licencia ambiental de EPM, situación a la cual se suma la lentitud en el desarrollo de los procesos sancionatorios abiertos por incumplimientos de EPM.

"Muchos de estos procesos sancionatorios llevan más de 8 años sin que esa autoridad haya tomado decisiones al respecto, con el riesgo de la prescripción de los mismos y que el Estado pierda la facultad de exigir al titular de la licencia la reparación de los daños ocasionados", detalló.

Tal y como lo ha venido manifestando la CGR es necesario que el Gobierno Nacional y el legislador analicen y ajusten el proceso administrativo de licenciamiento ambiental, en particular en lo que respecta al rigor y suficiencia técnica del Estudio de Impacto Ambiental, del Diagnóstico Ambiental de Alternativas y del Plan de Contingencias, de cara al cumplimiento de los principios ambientales de prevención y precaución.

Añadió que se requiere revisar al mismo tiempo la capacidad institucional de las autoridades ambientales para el adecuado desarrollo de la labor de licenciamiento ambiental, así como el proceso sancionatorio ambiental, indicó la Contraloría.

Igualmente, expresó que la participación de los habitantes que se ven afectados por el desarrollo del proyecto ha sido limitada y el censo realizado por EPM no contiene toda la población, y, por el contrario, la consulta previa que por ley debería garantizar la participación no se dio para comunidades indígenas que ancestralmente habitan la zona, debido al error cometido por el Ministerio del Interior al certificar que en esos territorios no existían estas comunidades.

No se sabe en qué va el proyecto y cuál será su futuro

Luego de ocurrida la emergencia ampliamente conocida en el país, la Contraloría reconoce que no se sabe a ciencia cierta en qué condiciones se encuentra el proyecto y cuál va a ser su futuro, pues las obras fueron suspendidas por la ANLA mediante resolución que había sido firmada el primero de junio de este año y comunicada hasta el 28 de ese mismo mes; sin embargo, EPM continuó con las obras orientadas a alcanzar la cota máxima de la presa.

Agregó que es tanta la ausencia de información cierta y real sobre el proyecto que, obligó al Gobierno Nacional en el momento de la emergencia, a recurrir a expertos extranjeros, como es el Ejercito de los Estados Unidos, tarea cuyos resultados no son conocidos por la CGR.

“La Contraloría General de la República exige información completa a los involucrados en el proyecto, que se elimine tanta incertidumbre frente a la realidad y futuro de esta importante megaobra y que las entidades públicas ejerzan sus funciones con la responsabilidad requerida por el país”, concluyó el Contralor Edgardo Maya Villazón.

*Con información de la Contraloría General de la República