El empresario barranquillero Alex Saab, acusado de ser testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, capturado por presunto lavado de millones de dólares supuestamente producto de fraudes a través del sistema de control cambiario de ese país, está relacionado con varias empresas, entre ellas la Group Grand Limited (GGL) que es acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Un funcionario del Gobierno estadounidense dijo en julio del año pasado que con los CLAP, que se entregan a los más pobres, Saab, capturado en Cabo Verde, y tres hijastros de Maduro al parecer se lucraron con "cientos de millones de dólares".

El Departamento de EE.UU. también presentó cargos en julio pasado contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a los que acusa de haber lavado hasta 350 millones de dólares que supuestamente defraudaron a través del sistema de control cambiario en Venezuela.

Ese organismo alega que, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros individuos para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela hasta cuentas bancarias en EE.UU., razón por la que Washington tiene jurisdicción en el caso.

Por esa razón, Saab y Pulido tienen una causa abierta por conspiración para lavar dinero desde 2019 en los tribunales federales del distrito sur de Florida, y el juez Robert N. Scola Jr. los declaró prófugos de la justicia el 26 de agosto del año pasado.

Expropiación de bienes

El anuncio de su detención fue hecho tan solo cuatro días después de que la Fiscalía colombiana impusiera medidas cautelares con fines de extinción de dominio (expropiación) a ocho inmuebles que "harían parte del patrimonio ilícito que constituyó el empresario Alex Naín Saab Morán a través de operaciones financieras irregulares".

Según esa institución, esos bienes tienen un valor de 35.000 millones de pesos (unos 9,7 millones de dólares) y están ubicados en Barranquilla.

Entre ellos hay una mansión avaluada en 28.000 millones de pesos (unos 7,7 millones de dólares), dos lotes, una casa, un apartamento y tres garajes.

"Las medidas con fines de extinción de dominio fueron inscritas en la Oficina de Instrumentos Públicos para evitar que los inmuebles seas vendidos antes de las diligencias de ocupación", agregó la Fiscalía en un comunicado publicado el martes. 

EFE