Con el cuestionado y ahora otra vez capturado contratista Emilio José Tapia Aldana se repite la vieja historia de quienes son investigados, en especial de estratos 5 y 6, y están a punto de caer ante la justicia, que acuden a un centro hospitalario para evadir la acción de las autoridades.

Contra Tapia Aldana fue librada orden de captura en su calidad de representante de la firma ICM, una de las integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados, que recibió $70 mil millones del MinTic para llevar la conectividad a 7 mil colegios rurales del país y cuyos recursos terminaron en cuentas ubicadas en los Estados Unidos.

Coincidencialmente, poco antes de ser notificado, Tapia Aldana se trasladó a la Clínica La Misericordia de Barranquilla, aduciendo quebrantos de salud.

Aún así, en el mismo centro asistencial fue notificado de su captura, por lo cual también se plantea que sea un Médico de Medicina Legal que venga directamente desde Bogotá para que le haga la evaluación del caso y determine su verdadero estado de salud.

Por el momento, Tapia Aldana pisó el primer peldaño en su propósito de que un juez le conceda la detención domiciliaria y no vaya a la cárcel.

Pero todo dependerá de la evaluación que finalmente debería realizar un experto de Medicina Legal.

No es la primera vez que el nombre de este contratista aparece involucrado en investigaciones por corrupción en la contratación pública.

Como se recuerda, el 6 de mayo de 2015 la Juez 42 Penal del Circuito de Bogotá, con funciones de conocimiento, lo condenó a 3 años, un mes y 6 días de prisión y a cancelar un total de 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En esa oportunidad el fiscal del caso apeló la decisión, al considerar que la pena a imponer debía ser más alta.

Poco antes la juez anunció la sentencia condenatoria en contra de Tapia Aldana, luego de que este aceptó cargos por el delito de concierto para delinquir, dentro del denominado ‘Carrusel de la contratación’ en Bogotá.

En otro proceso de la Fiscalía, Tapia Aldana también fue involucrado por los delitos de cohecho propio en concurso con interés indebido en la celebración de contratos.

Según la Fiscalía, esto teniendo en cuenta que entre los años 2008, 2009 y 2010, realizó por lo menos 26 desplazamientos a la ciudad de Miami, en los Estados Unidos, donde se reunió en varias ocasiones con Iván Moreno Rojas, el exalcalde Samuel Moreno Rojas y Julio Gómez, entre otros.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, el imputado participó activamente en los  contratos 071 y 072 de malla vial de la capital del país, al igual que  en 7 contratos de valorización de obras que debían adelantarse en la fase 3 de Transmilenio.

En su oportunidad la Fiscalía precisó que “el abogado, gestor inmobiliario y  contratista sin tener la condición de servidor público actuó como interviniente con funcionarios del IDU, a quienes involucró con promesas remuneratorias que le  permitían a las entidades  seleccionadas, un beneficio económico del 8 por ciento. Tapia Aldana suministró información sobre las propuestas de otras empresas para manipular las contrataciones y así obtener la selección de las menos opcionadas”.