A la cárcel los dos involucrados en homicidio de asesora de ONU en Colombia
Investigadores tuvieron acceso a videos de 121 cámaras de seguridad e interceptaciones de comunicaciones.
Un juez envío este martes a la cárcel a dos venezolanos que al parecer están involucrados en el asesinato de Natalia Castillo, asesora de comunicaciones de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), que fue perpetrado en la madrugada del pasado 24 de diciembre.
Por solicitud de la Fiscalía, según detalló esa institución, los venezolanos Ángel Rolando Colina Lugo, alias "Ángelo", y Javier Enrique Ramírez Gómez, alias "Porky" recibieron "medidas privativas de la libertad en establecimiento carcelario".
En 49 días de labores investigativas, la Fiscalía General de la Nación, en un trabajo articulado con la SIJIN de la Policía Metropolitana de Bogotá, avanzó con determinación en el esclarecimiento del homicidio de la comunicadora ocurrido en la localidad de Teusaquillo.
Desde el momento de ocurridos los hechos, el despacho del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, destacó un grupo especializado e interinstitucional para asumir los actos investigativos y dar con los responsables de lo sucedido. En ese trabajo se obtuvo evidencia técnica, como videos de 121 cámaras de seguridad e interceptaciones de comunicaciones; además de testimonios y otros elementos, los cuales permitieron identificar a los dos extranjeros y establecer el rol delictivo que cumplieron.
Estas personas fueron capturadas en vía pública, en el sector de Paloquemao y el barrio Santa Fe, en la localidad de Los Mártires. En los procedimientos les fueron incautados dos teléfonos celulares. Simultáneamente, en búsqueda de material de prueba, se realizó una diligencia en un inmueble y fue capturado en situación de flagrancia un hombre de nacionalidad venezolana con cinco celulares reportados como robados, dos computadores portátiles, una tableta y dinero en efectivo
El detenido, identificado como Jesús Vielman Requena, fue imputado por el delito de receptación y recibió medida de aseguramiento privativa de la libertad.
El crimen
La investigación da cuenta de que la madrugada del 24 de diciembre de 2021, a las 2:55 a.m., Cindy Natalia Castillo Preciado y dos de sus amigos salieron de un establecimiento comercial del barrio San Luis, en el sector de Galerías. A pocos metros del lugar fueron interceptados por dos hombres, uno de estos sería Ángel Rolando Colina Lugo, quienes los encañaron con un arma traumática modificada y les pidieron entregar las pertenencias.
A uno de los acompañantes le arrebataron el celular y a la otra persona un monedero. Por su parte; la comunicadora se aferró al bolso. En medio de la resistencia que ejerció fue lanzada al piso y arrastrada. Finalmente, los asaltantes le dispararon, escaparon en un vehículo gris que los esperaba y se movilizaron al barrio Santa Fe, en el centro de la ciudad.
La víctima fue trasladada a la Clínica Palermo y allí murió.
La Fiscalía estableció que los señalados delincuentes habrían accedido al teléfono móvil que robaron y extrajeron información de los productos financieros del propietario.
Esa mañana del 24 de diciembre, a las 5:06 a.m., hicieron un retiro en Medellín (Antioquia) por $600.000. Al parecer, el dinero fue sustraído por Javier Enrique Ramírez Gómez, alias Porky. Durante varios días realizaron varias transacciones sin éxito. En una de estas lograron un avance de una tarjeta de crédito por $8’000.000, pero la suma hizo débito automático en una cuenta de ahorros de la víctima y no pudieron quedarse con el dinero. Ante esta dificultad, hicieron un retiro en criptomonedas por valor de $5’500.000.
Judicialización
Por estos hechos, y en atención al posible rol que cumplió, la Fiscalía imputó a Ángel Rolando Colina Lugo, alias Ángelo, los delitos de homicidio agravado, hurto agravado y calificado, y acceso abusivo a un sistema informático. De otra parte, Javier Enrique Ramírez Gómez, alias Porky, fue imputado por el delito de hurto calificado y agravado, en concurso homogéneo y sucesivo con acceso abusivo a un sistema informático. Los procesados no aceptaron los cargos.