La Justicia Especial para la Paz (JEP) ha beneficiado a 403 miembros de la Fuerza Pública colombiana a quienes les ha sido concedida la libertad condicional o la cancelación de órdenes de detención por delitos relacionados con el conflicto con las FARC, dijo este jueves el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.

"Son más de 1.800 los que se han puesto en consideración de la Secretaría General de la Justicia Especial para la Paz", declaró el funcionario a periodistas tras presidir un acto oficial en Bogotá.

Villegas señaló que esperan "definiciones" sobre otros 1.400 casos "muy rápidamente".

La JEP será la encargada de calificar jurídicamente las conductas graves cometidas por los actores del conflicto entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC bajo las normas del Código Penal Colombiano, del Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos (DIDH) o el Derecho Internacional Humanitario, entre otros.

"No es un sistema para la impunidad, sino para la reconciliación. Los que han sido beneficiados con libertad condicionada lo han sido porque ya han cumplido condenas de por lo menos cinco años", aclaró el responsable de la cartera de Defensa.

El ministro aseguró que "hay plena sanción y sobre todo plena cooperación de los beneficiados con las víctimas para hacer la reparación y la búsqueda de la verdad".

No obstante, reconoció que los atrasos en los procesos para otorgar la libertad condicional a los uniformados que esperan beneficiarse de la JEP se deben a la falta de personal de las administraciones y organismos competentes.

"Entiendo que ya están en proceso de contratación los expertos, auxiliares de la justicia y el nombramiento de los magistrados en los próximos días. Tendremos una nueva cantidad de personas beneficiadas", resaltó.

Asimismo, Villegas precisó que a lo largo de este año la JEP se pondrá en "funcionamiento pleno" para dar salida a todos los casos en trámite, entre los que hay, según reconoció preguntado por la prensa, acusados de "falsos positivos".

Como "falsos positivos" se conoce en Colombia a las ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidas por militares que presentaban a las víctimas como guerrilleros caídos en combate para ser premiados por sus superiores.

EFE