Un detrimento patrimonial por  $4.521 millones encontró la Contraloría General de la República y que ha dado lugar a la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal, en el contrato suscrito entre la Escuela de Administración Pública y Fonade, para la construcción de una sede de la ESAP en Santa Marta por no cumplir con las normas de sismo resistencia.

A través de dicho contrato, la ESAP le entregó a Fonade la gerencia de proyecto que tenía un plazo de ejecución inicial de 12 meses y que fue prorrogado en 5 oportunidades hasta su terminación en noviembre de 2014.

A pesar de la duración de las obras, y de todas sus prórrogas, al terminar el contrato después de más de 4 años, se siguieron identificando falencias, toda vez que la obra no cumplía con las normas de sismo resistencia, y Fonade se había comprometido, como ejecutor del contrato, a realizar las adecuaciones pertinentes, las que no se llevaron a cabo según pudo evidenciar la Contraloría.

En efecto, los hechos fueron detectados en el curso de una auditoría adelantada por la Contraloría General de la República a la ESAP, por la vigencia 2015, evidenciándose que, a pesar de que las obras no habían sido avaladas por la ESAP, Fonade sí las recibió omitiendo sus fallas estructurales.

El convenio suscrito entre Fonade y la ESAP, tenía por objeto la ejecución de la gerencia integral de los proyectos de infraestructura de la escuela a nivel nacional, aunque en la forma de pago del mismo se hizo expresa referencia a la construcción de la sede de la ESAP en Santa Marta.

En el marco del Contrato Interadministrativo 052 de 2011, se dio inicio a la construcción de la primera fase de la edificación, que incluía no solo la estructura, sino también la fachada. Sin embargo, al momento de la entrega se evidenciaron elementos estructurales con daños y averías en las placas, y las vigas presentan deformidades y abultamientos.

Al momento de la visita realizada por el equipo de la Contraloría, las obras se encontraban suspendidas, a pesar de que la ESAP ya había suscrito un nuevo contrato para el desarrollo de la segunda fase, el cual está igualmente suspendido, sin que el contratista haya podido realizar los ajustes de los precios y demás etapas necesarias para su ejecución.

A pesar de todo lo anterior, Fonade en su condición de gerente del proyecto, sí recibió la obra en tales condiciones de incumplimiento, vulnerando las disposiciones legales que regulan la contratación estatal, afectando el patrimonio de la ESAP en más de $4 mil 521 millones.

De conformidad con lo establecido por la Contraloría al momento de trasladar los hallazgos, y una vez valoradas las pruebas recaudadas por el equipo auditor, el daño por más de $4 mil 521 millones involucra en calidad de presuntos responsables tanto al entonces Subdirector Administrativo y Financiero de la ESAP, Germán Insuasty Mora, así como al Subgerente Financiero de Fonade, Luis Eduardo Laverde Mazabel. Igualmente involucrados resultaron la firma interventora de la obra, DPC Ingenieros S.A.S., y el contratista de las obras, Oscar Daniel Garzón Forero.

Las graves fallas estructurales que presentaba la obra al momento de su entrega, y el incumplimiento de las normas de sismo resistencia, se hicieron evidentes ante la visita de la Contraloría a la sede del proyecto, el cual no se encontraba en condiciones de ser recibido por parte de Fonade en su condición de Gerente.