Dentro del proceso que se adelanta en contra del exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar, alias Kiko Gómez, por el crimen de la exalcaldesa del municipio de Barrancas, en ese departamento, Yandra Britto; su esposo Henry Ustaris, y el escolta Wilfrido Fonseca Peñaranda; un juez especializado de Bogotá le negó a su defensa una prueba sobreviniente (extemporánea a las audiencias preparatorias), que consistía en aportar versiones de tres testigos.

En desarrollo de una audiencia pública, Gómez Cerchar responde por los delitos de homicidio en concurso con concierto para delinquir, en calidad de determinador, el juez consideró que la petición no era fundamental para el juicio.

La Fiscal 4° Delegada ante la Corte Suprema de Justicia aseguró que en ningún momento la petición de la defensa cumplía con las normas de pertinencia y necesidad, motivo por el que estuvo de acuerdo con la decisión del juzgador.

Ante la negativa por parte del juez, la defensa del exgobernador apeló la decisión, que deberá ser revisada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá para dirimir la situación.

Juan Francisco Gómez Cerchar es señalado de ordenar el crimen de las personas antes mencionadas. La investigación de la Fiscalía permitió establecer que Henry Ustaris, esposo de la exalcaldesa de Barrancas, fue asesinado en el año 2008, por negarse a entregar dinero a Kiko Gómez, que le exigía por no apoyarlo políticamente. Entre tanto, Brito fue asesinada cuatro años después, para que no continuara investigando sobre el homicidio de su esposo; para esto, el gobernador habría facilitado las armas largas que fueron utilizadas en el crimen de la exalcaldesa.

Gómez Cerchar fue alcalde del municipio de Barrancas para los periodos 1995-1997 y 2001- 2003, pero para los periodos que no ejercía como alcalde, él colocaba a su candidata o candidato, como en el caso de Yandra Britto.

El hoy procesado había sido elegido gobernador de la Guajira para el periodo del  2012 – 2015, sin embargo la Procuraduría, en una investigación que adelantó en su contra, ordenó la inhabilidad del sentenciado para desempeñar cargos públicos por 17 años.