La JEP le ordenó al Alto Comisionado para la Paz activar las competencias de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS) y adoptar el plan de acción para combatir y desmantelar las organizaciones armadas ilegales que están afectando la reincorporación de los firmantes del Acuerdo Final.

"Entre las decisiones adoptadas durante la audiencia de seguimiento al funcionamiento de la CNGS, en el marco de las medidas cautelares para proteger a los comparecientes forzosos ante la JEP, la Sección le solicitó a la Procuraduría iniciar las investigaciones disciplinarias a que haya lugar, toda vez que, pasados cinco años de creada la CNGS, ésta aún no cuenta con un reglamento interno de trabajo con cual no se ha podido adoptar una política encaminada a combatir los grupos armados organizados al margen de la ley que afectan el proceso de reincorporación", se lee en un comunicado de la entidad.

El Alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo, quien ejerce la secretaría técnica de la CNGS, es uno de los 15 miembros que participa en esta instancia creada en el Acuerdo de Paz para apoyar la construcción de una política pública y criminal para desmantelar las estructuras criminales.

Entre los integrantes está el Presidente de la República; los Ministros del Interior, Defensa y Justicia; el Fiscal General de la Nación; el Comandante de las Fuerzas Militares; el Director de la Policía Nacional; tres expertos y dos delegados de las plataformas de derechos humanos.

Durante la diligencia judicial del pasado 28 de febrero los magistrados concluyeron que no hay claridad sobre cómo se toman las decisiones en la CNGS.

“Hay que precisar los retos y desafíos que se deben superar para avanzar en el propósito de lograr una política participativa, articulada y constante", manifestó el magistrado Raúl Sánchez.

Por su parte, la magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo cuestionó por qué la Procuraduría, la Unidad Especial de Investigación, el Comando de las Fuerzas Militares y la Dirección de la Policía no participaron en la elaboración de los diferentes lineamientos que presentó el Alto Comisionado el 19 de marzo de 2021.

De acuerdo con el balance que entregó la Sección, 306 firmantes del Acuerdo han sido asesinados, incluidas 10 mujeres, entre ellas una indígena del Cauca. “La lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres no logra impactar con efectividad en la prevención y mitigación de las violencias", concluyó el magistrado Alejandro Ramelli, Presidente de la Sección. ​

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