La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia denunció nuevas amenazas de un supuesto grupo criminal enviadas a tres funcionarios y que conciernen a la labor de esta institución creada por el acuerdo de paz con las FARC en la investigación de crímenes de lesa humanidad.

"Hoy quiero poner en conocimiento de la opinión pública que las intimidaciones contra la JEP persisten. Un equipo de nuestros abogados recibió, al final de la semana pasada, nuevas amenazas relacionadas con otros procesos judiciales que desarrolla la JEP", explicó en una rueda de prensa el presidente de la JEP, el magistrado Roberto Carlos Vidal.

Se trata de unos panfletos intimidatorios firmados por un grupo que se hace llamar Águilas Negras y recibidas en los correos de dos abogados y una psicóloga del sistema autónomo de defensa de la JEP que trabajan en los departamentos de Caquetá y Putumayo.

"Entendemos que es una amenaza generalizada respecto a la Jurisdicción en su conjunto y que fue circulada a algunos de sus abogados pero sin ninguna destinación particular a ellos salvo que haya llegado a sus correos", explicó el magistrado, ya que en el contenido habla de temas en los que avanza la JEP para juzgar crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado.

Estas amenazas, según Vidal, no han paralizado los trabajos de la JEP, que se mantienen "de manera permanente sin interrupción ninguna", pero sí se han visto obligados a "incrementar" las medidas de seguridad y "solicitar una ampliación de esas medidas al Gobierno nacional".

Además, estas amenazas llegan después de que hace dos meses se denunciaran otras similares a dos magistrados que investigan los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado en el departamento de Antioquia.

En ese caso, las paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), como se autodenomina el Clan del Golfo, amenazaron al magistrado Alejandro Ramelli y el magistrado auxiliar Hugo Escobar, quienes están al frente del caso de exhumación de desaparecidos durante el conflicto que fueron víctimas de "falsos positivos" en el municipio de Dabeiba.

El presidente de la JEP destacó la colaboración con la Fiscalía por ese caso, pero pidió más garantías a las autoridades para que este organismo de paz pueda hacer su trabajo y continuar sus investigaciones.

EFE