Dos años de plazo le dio la Corte Constitucional al Ministerio del Interior para que resuelva 93 peticiones presentadas por comunidades indígenas de todo el país, que buscan su respectivo reconocimiento y registro ante la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías de dicho Ministerio.

La decisión de la Corte obedece al estudio de una acción de tutela por parte de una comunidad que lleva 10 años a la espera de una respuesta a su petición.

Los magistrados le exigieron al Ministerio implementar una estrategia de descongestión que involucre etapas estrictas de procedimiento, priorización y esquema específico que le informe a cada comunidad indígena una fecha en la cual se emitirá la decisión definitiva frente a su petición.

El caso que motivó la decisión de la Corte lo promovió Alcibiades Alberto Yepes Cortés, representante legal de la comunidad de Buenos Aires, en Sincelejo, adscrita al Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento, Córdoba.

Yepes argumentó que su comunidad ha desarrollado un proceso de organización desde el año 2000, cuenta con 112 familias y 416 personas, pero no cuentan con titulación a su favor, ni registro ante el Ministerio, lo cual ha afectado sus derechos como pueblo étnico.

El fallo de la Corte advierte que el Ministerio del Interior vulneró los derechos del cabildo indígena y que la espera de 10 años, es a todas luces una afectación al debido proceso por dilaciones injustificadas.