Un grupo de 21 profesionales, contratados inicialmente por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para realizar labores de interventoría en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en las zonas sur y centro del Magdalena, ha denunciado una grave situación de incumplimiento en el pago de sus honorarios.

Según los afectados, tras iniciar su labor el 16 de julio de 2024, la institución modificó sus condiciones contractuales sin previo aviso, lo que ha generado una situación de incertidumbre y precariedad laboral.

Los profesionales iniciaron sus labores en las áreas designadas sin contrato formal ni cobertura de ARL (Administradora de Riesgos Laborales), trabajando por más de un mes bajo estas condiciones. Durante ese tiempo, entablaron conversaciones con Esteban Pinto y José Ballestas, representantes de la Universidad Distrital, quienes supervisaban el proyecto de interventoría.

Sin embargo, aproximadamente un mes después, se les informó que la universidad había delegado la contratación a una entidad externa, la Fundación Reina Madre, representada legalmente por María Angélica Álvarez Sarmiento. Esta fundación fue la encargada de gestionar los contratos con los interventores.

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Según los denunciantes, la Fundación Reina Madre les envió dos contratos que cubrían el tiempo laborado hasta el momento y realizó un adelanto de $1.300.000 a todos los interventores para cubrir los gastos de transporte y alimentación. Sin embargo, los problemas comenzaron a surgir cuando, al intentar cobrar sus honorarios, solo la mitad de los interventores recibió el pago correspondiente a julio, y aún se les adeuda lo relacionado con gastos de transporte, así como los honorarios de agosto.

A la otra mitad del grupo no se les ha hecho ningún pago hasta la fecha. Los afectados aseguran que la excusa presentada por la fundación es que "no alcanzó el avance" que la universidad le había entregado.

"Estamos preocupados porque la fundación no nos da respuestas concretas sobre nuestros pagos y ya llevamos esperando alrededor de cuatro meses", denunció uno de los profesionales que prefiere mantener su identidad en reserva.

Además, expresan su temor de que la fundación desaparezca sin cumplir con sus obligaciones, lo que dejaría a los interventores sin los honorarios que han ganado con su trabajo.

El grupo también ha intentado comunicarse con Camilo Aguirre, jefe de la Oficina del Programa de Alimentación (OPA), quien inicialmente se comprometió a ayudar a agilizar los pagos, pero hasta ahora no ha respondido a los mensajes ni ha dado una solución clara.