Los líos de la Constructora Avi no caducan. Este jueves dos inquilinas del proyecto Sankara Palms Club House, localizado en Villa Campestre, instauraron una acción de tutela para recuperar sus derechos vulnerados por unos apartamentos que aún no han sido entregados. 

Las dos ciudadanas, identificadas como Carina Carrascal Mercado y Adalgiza Carrascal Tobias, llevan cuatro años de incertidumbre, en los que no han podido consolidar su sueño de tener una vivienda digna ni tampoco han recibido respuestas positivas por parte de la constructora. 

Ante esta situación, se vieron obligadas a instaurar la tutela con "medidas preventivas para evitar un prejuicio irremediable" en el Tribunal Contencioso Administrativo.

La acción va dirigida en primera instancia contra el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Industria y Comercio por omisión en esta situación. 

Mientras que en segunda instancia contra Avi Strategic Investment S.A.S, representada por el gerente general, Alberto José Avilés Arteaga; la Alianza Fiduciaria S.A, y el Banco Bilbao Vizcaya, por acción al no entregar el proyecto ni tampoco devolver el dinero. 

Panorama incierto

Las afectadas pagaron el 30% de los apartamentos, que tienen un valor desde $410 millones. Sankara Palms Club House es una torre de 20 pisos con 110 unidades que nunca llegó a ser terminada. 

La obra fue suspendida por las irregularidades financieras de los socios de la constructora, quienes terminaron incumpliendo en la entrega del proyecto y que después, de manera descarada, multaron a las víctimas con un 20% de la suma de dinero para comprar viviendas, es decir, que en futuro no les devolverían la totalidad de su inversión. 

Ante este panorama sombrío, las víctimas acusaron por omisión a las mencionadas autoridades nacionales, a las que le exigen una intervención inmediata en esta situación. 

Mediante la tutela buscan que el tribunal les ordene priorizar una investigación en el proyecto "con la capacidad de proteger a las accionantes e informar que es lo que realmente sucede". 

Además de que "apliquen medidas de protección inmediata, de tal manera que en caso de estar, presuntamente, ejecutándose por parte de la constructora y fiduciaria accionada una gran estafa conexa a una, presunta, operación de lavados de activos". 

También piden a la  Avi Strategic Investment S.A.S, representada por el gerente general, Alberto José Avilés Arteaga; la Alianza Fiduciaria S.A, y el Banco Bilbao Vizcaya, informar la verdad a las víctimas. 

Las afectadas indican en la tutela que la constructora les ha manifestado en varias reuniones no han podido concluir este proyecto y otros tres por "problemas financieros", es decir, que las casas de los perjudicados por esta empresa siguen "en el aire".