Un total de 65 miembros de comunidades indígenas fueron asesinados en Colombia tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las FARC en noviembre de 2016.

Así lo denunció hoy la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia en su "balance general de vulneraciones a los DD.HH. e infracciones contra los pueblos indígenas", presentado en Bogotá.

"Los pueblos indígenas, siendo el 3,4 % de la población nacional, somos el 2,9 % de las víctimas, esto quiere decir que al menos el 20 % de los indígenas del país han sido afectados por algún hecho victimizante", manifestó Carmen Rosa Guerra Ariza, abogada de dicha Comisión.

Según Guerra, perteneciente a la familia Kankuama, durante el periodo posterior al acuerdo se han cometido un total de 18.654 hechos victimizantes, de los cuales 1.204 fueron amenazas y 11.445 desplazamiento forzado.

El informe también especificó que se han cometido 79 atentados, 20 casos de abusos sexuales, 13 desapariciones forzadas, 7 secuestros y 8 torturas, entre otros.

Los principales grupos señalados de cometer estos crímenes son grupos herederos del paramilitarismo, guerrillas y disidentes de las FARC, ahora convertida en partido político.

Las poblaciones indígenas más afectadas por estos hechos fueron los Embera Chamí, Embera Katío y Wounan en el departamento de Chocó (oeste) con 2.253 actos, seguido por los Nasa, Wounan y Kokonuco en Cauca (suroeste) con 1.110.

De igual forma, los grupos Emberá Chamí, Nasa y Wounan en el Valle del Cauca (suroeste) sufrieron 447 hechos violatorios de derechos humanos, mientras que los Zenú y Embera Katío de Antioquia (noroeste) registraron 79 actos.

Con estos datos, los pueblos indígenas denunciarán el próximo 9 de mayo la violación de sus derechos durante una audiencia del 168 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Santo Domingo, República Dominicana.

"Vamos a insistir ante la CIDH que el Estado colombiano comience a cumplir sus obligaciones con los pueblos indígenas, los intereses económicos no pueden pasar por encima al derecho a la vida de los pueblos, entrar a la OCDE no puede ser una prioridad cuando enfrentamos estas situaciones", agregó Guerra. EFE